Por Héctor Alfonso Otero
La reciente campaña de la W que pretende dar a conocer y respaldar a los afectados con la masacre de El Salado, ha banalizado un hecho de la mayor gravedad y que, es evidente, resulta incomprensible para quienes parecen incapaces de meterse en el pellejo de las víctimas. Ni a los periodistas de la W, ni a muchos colombianos les ha tocado el corazón la terrible realidad por la que han pasado muchos de nuestros compatriotas. En contra de lo que dice el mensaje principal de la campaña en la voz de Sánchez Cristo, quién en tono de profeta sin mensaje, llama a imaginarnos lo que pasó en esas terribles horas, resulta muy difícil y hasta contraproducente repetir y volver a narrar una masacre, que solo pudo ser realizada por unos monstruos sin sentimientos y con unos objetivos rastreros. Esa masacre no es el único ejemplo de lo que fue el genocidio cometido de manera sistemática por los paramilitares. Nombres como Mapiripán, La Gabarra, La Chinita, El Aro, Chigorodó, son todas localidades por las que pasó la mano criminal de los asesinos más despiadados, crueles e insensibles de que se tenga registro.
Una tragedia como la que vivió el país, en una estrategia compuesta de amenazas, asesinatos, magnicidios, secuestros, terror, bombas y muchas otras acciones violentas, terminaron por obligar a millones de campesinos, sindicalistas, maestros, comerciantes y ciudadanos del común a abandonar sus pueblos, sus tierras, sus negocios y sus escasos bienes para salvar sus vidas. Las pérdidas de bienes fueron inmensas, pero lo peor fue el terror que impusieron los asesinos y que llevó a las víctimas a callar, aceptar y convivir con las acciones delincuenciales, sin defensa posible. La deliberada ausencia o displicencia de las autoridades se hizo evidente y la complicidad con los asesinos contribuyó a esparcir el miedo y la ciega obediencia a las órdenes de los ejércitos armados y de los soplones que denunciaban a sus enemigos con o sin justificación.
Los medios de comunicación les otorgaron el espacio a los comandantes de las Autodefensas para propagar sus justificaciones y divulgar con grandilocuencia su poderío y sus veladas amenazas. La población de estos poblados, en cambio, no tenía forma de divulgar su tragedia, ni de proteger a sus líderes: la indefensión era total y los victimarios podían avanzar a sus anchas, apropiarse de los bienes de la gente corriente, hacerse asignar los contratos de los gobiernos municipales, ubicar su gente en la administración y en las listas de los grupos políticos, que pronto se dieron cuenta que podían utilizar el dominio de esos grupos para sacar partido en la lucha electoral.
Débil favor se hace a las víctimas cuando se las entusiasma a regresar a sus tierras, cuando los asesinos y autores intelectuales andan sueltos y cuando en muchas regiones los ejércitos ilícitos se están recomponiendo. El problema de la propiedad del suelo no se ha resuelto, las expropiaciones no se han revertido y la verdad todavía es un caja de Pandora que si se abriera con seguridad salpicaría a demasiados auxiliadores por lo alto del paramilitarismo y beneficiarios de tráfico de drogas. Los altos mandos de las fuerzas armadas, dirigentes políticos, líderes regionales, representantes de empresas transnacionales y hasta algunas embajadas y consulados se descubrirían como los verdaderos inspiradores e impulsores de las bandas delincuenciales que fueron creadas no solo para responder a la guerrilla, sino también para eliminar a los líderes opositores y a todo disidente. La eliminación física de los opositores se cumplió con eficiencia y certeza, pero la campaña para extender el miedo a todos los antagonistas continúa, ya no son militantes de la UP, ni defensores de derechos humanos, ahora son los magistrados de las altas cortes, los políticos que luchan por una negociación de paz y por un país en el que se cumpla la Constitución y hasta los jóvenes que le dicen con sinceridad al presidente que tiene huevo.
Falta todavía mucho para que la mayoría de los colombianos entienda que el respaldo otorgado en las dos últimas elecciones a los políticos y a los partidos, que estuvieron detrás de todas estas acciones, es también una afrenta contra el sufrimiento de las víctimas.
lunes, 28 de septiembre de 2009
lunes, 13 de julio de 2009
La Violencia Terrorista del Estado se extiende a nivel mundial
Las víctimas de la violencia en la moderna sociedad cada vez resultan ser más frágiles e indefendibles: el asesinato de una mujer egipcia embarazada en un juzgado de Dresden, en Alemania, la muerte de un joven judío después de 24 días de torturas por extremistas de derecha franceses y el asesinato en la calle de una estudiante iraní por grupos de “basiji”, paramilitares que defienden el triunfo electoral del presidente Ahmadynejad, nos muestran como los asesinos racistas y defensores de la discriminación se encuentran protegidos por la autoridad, mientras los ciudadanos del común están sometidos cada día a una mayor inseguridad y son sujetos de ataques más violentos y aleves, sin que ello se refleje en sanciones proporcionales a los delitos cometidos. La impunidad sigue campante, no solo en África o América Latina, sino en los propios territorios de los países desarrollados.
Siguiendo el modelo de la dictadura de Myanmar (antigua Birmania), hoy se busca evitar que la prensa divulgue la realidad que viven los países en los que se mueven las conciencias para defender sus derechos. En Irán se prohíbe el accionar de los periodistas, en la provincia de Xinquiang en el occidente de China se impone una severa restricción a la información, en Honduras se persigue a los informadores independientes y ahora resulta que en los propios Estados Unidos de América bajo la estrecha vigilancia del vicepresidente Cheney, existía un programa secreto para eliminar supuestos terroristas.
El ataque a los medios de comunicación aunque cada vez más difícil para sus enemigos, dada la red mundial de información, que hoy conecta a todos los rincones del mundo, es tan fuerte que ésta se encuentra amenazada por el terror y la impunidad de los actores violentos del Estado. Es innegable el valor no solo de periodistas y disidentes individuales que mantienen sus denuncias y accionar, sin embargo las movilizaciones populares son sometidas al terror y por ello pierden efectividad. Esa es una verdad que entienden los detentadores del poder de todos los colores desde el dictador de Corea del Norte hasta el ex vicepresidente norteamericano.
El terrorismo desde el Estado funciona, y pretendiendo ser un mecanismo de defensa contra la oposición y en defensa de la democracia, ordenada como los gobernantes la quieren, resulta ser un poderoso medio para impedir que los ciudadanos opinen diferente. Ya tenemos la experiencia en nuestro país: unas elecciones en las que la amenaza terrorista marcó las decisiones de los electores, nos impuso un gobierno espúreo, que no tuvo inconveniente en comprar las conciencias de los congresistas para perpetuarse y que ahora busca colocar todo el Estado a sus pies, lo que significa una mayor capacidad para combatir a todo contradictor, por medios legales, pero si no es así también con la capacidad violenta del Estado y de sus grupos paramilitares.
El paramilitarismo parecía un accidente que en sociedades convulsionadas surgía de la misma violencia del conflicto, pero cada vez se está mostrando más como una estrategia generalizada, que puede servir a cualquier jefe de gobierno. Junto a la libertad de acción para esos grupos debe existir un silenciamiento de los medios y un bloqueo a las posibilidades de divulgación de las acciones masivas de la población. Esta lección está siendo asimilada por muchos gobernantes engolosinados con el poder y requiere de los sectores populares y de las organizaciones de base una estrategia clara de comunicaciones. Debemos entender que la defensa de la prensa libre y de la libertad de información es un instrumento para la defensa de la verdadera democracia, con participación y con decisiones populares. La utilización de los medios modernos de comunicación incluidos internet y sus derivados facebook, twitter, you tube, etc., son fundamentales para la defensa de la democracia y la libertad. Sin embargo es necesario transformarlos de medios de alienación y superficialidad en potentes medios de defensa de la justicia, defensa de la igualdad, divulgación de luchas populares y educación popular para la transformación. En nuestras manos está enfrentar al terror y desarmar las amenazas, para que con nuestra gente podamos ser libres.
Siguiendo el modelo de la dictadura de Myanmar (antigua Birmania), hoy se busca evitar que la prensa divulgue la realidad que viven los países en los que se mueven las conciencias para defender sus derechos. En Irán se prohíbe el accionar de los periodistas, en la provincia de Xinquiang en el occidente de China se impone una severa restricción a la información, en Honduras se persigue a los informadores independientes y ahora resulta que en los propios Estados Unidos de América bajo la estrecha vigilancia del vicepresidente Cheney, existía un programa secreto para eliminar supuestos terroristas.
El ataque a los medios de comunicación aunque cada vez más difícil para sus enemigos, dada la red mundial de información, que hoy conecta a todos los rincones del mundo, es tan fuerte que ésta se encuentra amenazada por el terror y la impunidad de los actores violentos del Estado. Es innegable el valor no solo de periodistas y disidentes individuales que mantienen sus denuncias y accionar, sin embargo las movilizaciones populares son sometidas al terror y por ello pierden efectividad. Esa es una verdad que entienden los detentadores del poder de todos los colores desde el dictador de Corea del Norte hasta el ex vicepresidente norteamericano.
El terrorismo desde el Estado funciona, y pretendiendo ser un mecanismo de defensa contra la oposición y en defensa de la democracia, ordenada como los gobernantes la quieren, resulta ser un poderoso medio para impedir que los ciudadanos opinen diferente. Ya tenemos la experiencia en nuestro país: unas elecciones en las que la amenaza terrorista marcó las decisiones de los electores, nos impuso un gobierno espúreo, que no tuvo inconveniente en comprar las conciencias de los congresistas para perpetuarse y que ahora busca colocar todo el Estado a sus pies, lo que significa una mayor capacidad para combatir a todo contradictor, por medios legales, pero si no es así también con la capacidad violenta del Estado y de sus grupos paramilitares.
El paramilitarismo parecía un accidente que en sociedades convulsionadas surgía de la misma violencia del conflicto, pero cada vez se está mostrando más como una estrategia generalizada, que puede servir a cualquier jefe de gobierno. Junto a la libertad de acción para esos grupos debe existir un silenciamiento de los medios y un bloqueo a las posibilidades de divulgación de las acciones masivas de la población. Esta lección está siendo asimilada por muchos gobernantes engolosinados con el poder y requiere de los sectores populares y de las organizaciones de base una estrategia clara de comunicaciones. Debemos entender que la defensa de la prensa libre y de la libertad de información es un instrumento para la defensa de la verdadera democracia, con participación y con decisiones populares. La utilización de los medios modernos de comunicación incluidos internet y sus derivados facebook, twitter, you tube, etc., son fundamentales para la defensa de la democracia y la libertad. Sin embargo es necesario transformarlos de medios de alienación y superficialidad en potentes medios de defensa de la justicia, defensa de la igualdad, divulgación de luchas populares y educación popular para la transformación. En nuestras manos está enfrentar al terror y desarmar las amenazas, para que con nuestra gente podamos ser libres.
lunes, 22 de junio de 2009
No hay mal que por bien no venga
La semana pasada el honorable Congreso de la República decidió rechazar el proyecto de ley de víctimas, que había sido banalizado, alterado, manipulado y reducido en su impacto, por la gestión de los opositores a la iniciativa. Después de un llamado de la Casa Nariño, en solo cuatro horas se archivo el proyecto con los votos de las mayorías que respaldan al presidente.
Es una lástima que las víctimas de la guerra que ha vivido el país no cuenten con una norma que alivie, aunque sea de manera parcial, el sufrimiento a que han sido sometidas familias de campesinos, comunidades enteras amenazadas por el terror y líderes comunitarios que luchaban por justicia, derechos humanos y condiciones de trabajo dignas. Pero a la vez una ley incompleta, discriminatoria y sin dientes, sería también un engaño para quienes han cargado con la pena de perder sus seres queridos, sus propiedades, sus trabajos, sus raíces culturales y su calidad de vida.
Además una ley que el gobierno no está interesado en ejecutar a conciencia y con responsabilidad, tampoco podrá satisfacer las enormes demandas que hacen las víctimas. La sola expropiación de vidas y bienes por los actores armados, incluido el Estado, no pueden dejarse como efectos colaterales. Las tierras arrebatadas a tenedores o propietarios, representan cantidades de dinero incalculable, pero la justicia de los hombres debe estar dispuesta a castigar a los perpetradores recuperando los derechos para sus legítimos dueños. Las vidas no solo no se podrán recuperar, sino que el valor de esos seres humanos que murieron con dignidad por defender sus principios será un patrimonio, que les quedará con orgullo a sus familiares y amigos, pero que el país perdió como capital social igualmente invaluable. Aún aquellas víctimas que lo fueron, sin estar involucradas en acciones de defensa de los derechos básicos, y que cayeron en el fuego cruzado o sacrificados como supuestos guerrilleros o traficantes, deben ser compensadas, pues era deber del Estado proteger “su vida, honra y bienes”, y desgraciadamente fueron las autoridades las que los utilizaron como carne de cañón para presentar “éxitos” en la lucha antisubversiva. Cuantas veces la policía y el ejército omitieron intervenir en acciones de paramilitares, con lo que se hicieron cómplices de esas acciones, y ahora se pretende que el Estado no quiere ni puede compensar a esas gentes.
Mientras se les entregan generosos subsidios a quienes se desmovilizan y se gasta dinero a manos llenas en reuniones internacionales y eventos propagandísticos, para quienes huyen del terror no hay ayudas, porque supuestamente no hay el dinero para compensarlos. Se invita a príncipes y princesas a hablar de las víctimas del terror y se traen ejemplos de sufrimiento de personas que perdieron familiares en las Torres Gemelas de Nueva York o en Mozambique y otros lugares del África, pero hay muy poco espacio para nuestros propios atormentados desterrados. Las víctimas colombianas no son iguales a los americanos sacrificados en el ataque aéreo. Nuestros conciudadanos vivieron no minutos de terror, sino años de miedo, amenazas y abusos, frente a los cuales las autoridades mostraron total indiferencia.
A las víctimas en Colombia se les han ofrecido compensaciones, ayudas temporales y se las ha ilusionado con la idea que tendrán verdad, justicia y reparación, sin embargo como lo señalara el senador Juan Fernando Cristo a los congresistas les preocupa más darle una salida a los victimarios, que brindarle una oportunidad de reconstruir sus vidas a las víctimas. Mientras unos son protegidos por leyes complacientes, los otros deben ocultarse en barriadas temerosos de que sean encontrados y corran la misma suerte que sus parientes.
Las víctimas deben tener un reconocimiento social enorme y no solo legilativo, porque recuperar su capacidad de trabajo, su iniciativa, sus condiciones de vida no solo es un derecho que ellos tienen, sino que sería la única forma de reconstruir una red social que genere de nuevo trabajo, satisfacción e ilusiones en las comunidades que fueron víctimas del terror. Las opciones de vida de las víctimas son las opciones para que el país renazca con la fuerza de todos a quienes les arrebataron ilusiones, propiedades y una vida decente. La recuperación de la dignidad de las víctimas nos llevara a recuperar la dignidad como país. Ahora más que nunca hay que volver a gritar con Gaitán: “Por la restauración moral de la República: Adelante”
Es una lástima que las víctimas de la guerra que ha vivido el país no cuenten con una norma que alivie, aunque sea de manera parcial, el sufrimiento a que han sido sometidas familias de campesinos, comunidades enteras amenazadas por el terror y líderes comunitarios que luchaban por justicia, derechos humanos y condiciones de trabajo dignas. Pero a la vez una ley incompleta, discriminatoria y sin dientes, sería también un engaño para quienes han cargado con la pena de perder sus seres queridos, sus propiedades, sus trabajos, sus raíces culturales y su calidad de vida.
Además una ley que el gobierno no está interesado en ejecutar a conciencia y con responsabilidad, tampoco podrá satisfacer las enormes demandas que hacen las víctimas. La sola expropiación de vidas y bienes por los actores armados, incluido el Estado, no pueden dejarse como efectos colaterales. Las tierras arrebatadas a tenedores o propietarios, representan cantidades de dinero incalculable, pero la justicia de los hombres debe estar dispuesta a castigar a los perpetradores recuperando los derechos para sus legítimos dueños. Las vidas no solo no se podrán recuperar, sino que el valor de esos seres humanos que murieron con dignidad por defender sus principios será un patrimonio, que les quedará con orgullo a sus familiares y amigos, pero que el país perdió como capital social igualmente invaluable. Aún aquellas víctimas que lo fueron, sin estar involucradas en acciones de defensa de los derechos básicos, y que cayeron en el fuego cruzado o sacrificados como supuestos guerrilleros o traficantes, deben ser compensadas, pues era deber del Estado proteger “su vida, honra y bienes”, y desgraciadamente fueron las autoridades las que los utilizaron como carne de cañón para presentar “éxitos” en la lucha antisubversiva. Cuantas veces la policía y el ejército omitieron intervenir en acciones de paramilitares, con lo que se hicieron cómplices de esas acciones, y ahora se pretende que el Estado no quiere ni puede compensar a esas gentes.
Mientras se les entregan generosos subsidios a quienes se desmovilizan y se gasta dinero a manos llenas en reuniones internacionales y eventos propagandísticos, para quienes huyen del terror no hay ayudas, porque supuestamente no hay el dinero para compensarlos. Se invita a príncipes y princesas a hablar de las víctimas del terror y se traen ejemplos de sufrimiento de personas que perdieron familiares en las Torres Gemelas de Nueva York o en Mozambique y otros lugares del África, pero hay muy poco espacio para nuestros propios atormentados desterrados. Las víctimas colombianas no son iguales a los americanos sacrificados en el ataque aéreo. Nuestros conciudadanos vivieron no minutos de terror, sino años de miedo, amenazas y abusos, frente a los cuales las autoridades mostraron total indiferencia.
A las víctimas en Colombia se les han ofrecido compensaciones, ayudas temporales y se las ha ilusionado con la idea que tendrán verdad, justicia y reparación, sin embargo como lo señalara el senador Juan Fernando Cristo a los congresistas les preocupa más darle una salida a los victimarios, que brindarle una oportunidad de reconstruir sus vidas a las víctimas. Mientras unos son protegidos por leyes complacientes, los otros deben ocultarse en barriadas temerosos de que sean encontrados y corran la misma suerte que sus parientes.
Las víctimas deben tener un reconocimiento social enorme y no solo legilativo, porque recuperar su capacidad de trabajo, su iniciativa, sus condiciones de vida no solo es un derecho que ellos tienen, sino que sería la única forma de reconstruir una red social que genere de nuevo trabajo, satisfacción e ilusiones en las comunidades que fueron víctimas del terror. Las opciones de vida de las víctimas son las opciones para que el país renazca con la fuerza de todos a quienes les arrebataron ilusiones, propiedades y una vida decente. La recuperación de la dignidad de las víctimas nos llevara a recuperar la dignidad como país. Ahora más que nunca hay que volver a gritar con Gaitán: “Por la restauración moral de la República: Adelante”
No hay mal que por bien no venga
La semana pasada el honorable Congreso de la República decidió rechazar el proyecto de ley de víctimas, que había sido banalizado, alterado, manipulado y reducido en su impacto, por la gestión de los opositores a la iniciativa. Después de un llamado de la Casa Nariño, en solo cuatro horas se archivo el proyecto con los votos de las mayorías que respaldan al presidente.
Es una lástima que las víctimas de la guerra que ha vivido el país no cuenten con una norma que alivie, aunque sea de manera parcial, el sufrimiento a que han sido sometidas familias de campesinos, comunidades enteras amenazadas por el terror y líderes comunitarios que luchaban por justicia, derechos humanos y condiciones de trabajo dignas. Pero a la vez una ley incompleta, discriminatoria y sin dientes, sería también un engaño para quienes han cargado con la pena de perder sus seres queridos, sus propiedades, sus trabajos, sus raíces culturales y su calidad de vida.
A la vez una ley que el gobierno no está interesado en ejecutar a conciencia y con responsabilidad, tampoco podrá satisfacer las enormes demandas que hacen las víctimas. La sola expropiación de vidas y bienes por los actores armados, incluido el Estado, no pueden dejarse como efectos colaterales. Las tierras arrebatadas a tenedores o propietarios, representan cantidades de dinero incalculable, pero la justicia de los hombres debe estar dispuesta a castigar a los perpetradores recuperando los derechos para sus legítimos dueños. Las vidas no solo no se podrán recuperar, sino que el valor de esos seres humanos que murieron con dignidad por defender sus principios será un patrimonio, que les quedará con orgullo a sus familiares y amigos, pero que el país perdió como capital social igualmente invaluable. Aún aquellas víctimas que lo fueron, sin estar involucradas en acciones de defensa de los derechos básicos, y que cayeron en el fuego cruzado o sacrificados como supuestos guerrilleros o traficantes, deben ser compensadas, pues era deber del Estado proteger “su vida, honra y bienes”, y desgraciadamente fueron las autoridades las que los utilizaron como carne de cañón para presentar “éxitos” en la lucha antisubversiva. Cuantas veces la policía y el ejército omitieron intervenir en acciones de paramilitares, con lo que se hicieron cómplices de esas acciones y ahora se pretende que el Estado no quiere ni puede compensar a esas gentes.
Mientras se les entregan generosos subsidios a quienes se desmovilizan y se gasta dinero a manos llenas en reuniones internacionales y eventos propagandísticos, para quienes huyen del terror no hay ayudas, porque supuestamente no hay el dinero para compensarlos. Se invita a príncipes y princesas a hablar de las víctimas del terror y se traen ejemplos de sufrimiento de personas que perdieron familiares en las Torres Gemelas de Nueva York o en Mozambique y otros lugares del África pero hay muy poco espacio para nuestros propios atormentados desterrados. Las víctimas colombianas no son iguales a los americanos sacrificados en el ataque aéreo. Nuestros conciudadanos vivieron no minutos de terror, sino años de miedo, amenazas y abusos, frente a los cuales las autoridades mostraron total indiferencia.
A las víctimas en Colombia se les han ofrecido compensaciones, ayudas temporales y se las ha ilusionado con la idea que tendrán verdad, justicia y reparación, sin embargo como lo señalara el senador Juan Fernando Cristo a los congresistas les preocupa más darle una salida a los victimarios, que darles una oportunidad de reconstruir sus vidas a las víctimas. Mientras unos son protegidos por leyes complacientes, los otros deben ocultarse en barriadas temerosos de que sean encontrados y corran la misma suerte que sus parientes.
Las víctimas deben tener un reconocimiento social enorme y no solo legilativo, porque recuperar su capacidad de trabajo, su iniciativa, sus condiciones de vida no solo es un derecho que ellos tienen, sino que sería la única forma de reconstruir una red social que genere de nuevo trabajo, satisfacción e ilusiones en las comunidades que fueron víctimas del terror. Las opciones de vida de las víctimas son las opciones para que el país renazca con la fuerza de todos a quienes les arrebataron ilusiones, propiedades y una vida decente. La recuperación de la dignidad de las víctimas nos llevara a recuperar la dignidad como país. Ahora más que nunca hay que volver a gritar con Gaitán: “Por la restauración moral de la República: Adelante”
Es una lástima que las víctimas de la guerra que ha vivido el país no cuenten con una norma que alivie, aunque sea de manera parcial, el sufrimiento a que han sido sometidas familias de campesinos, comunidades enteras amenazadas por el terror y líderes comunitarios que luchaban por justicia, derechos humanos y condiciones de trabajo dignas. Pero a la vez una ley incompleta, discriminatoria y sin dientes, sería también un engaño para quienes han cargado con la pena de perder sus seres queridos, sus propiedades, sus trabajos, sus raíces culturales y su calidad de vida.
A la vez una ley que el gobierno no está interesado en ejecutar a conciencia y con responsabilidad, tampoco podrá satisfacer las enormes demandas que hacen las víctimas. La sola expropiación de vidas y bienes por los actores armados, incluido el Estado, no pueden dejarse como efectos colaterales. Las tierras arrebatadas a tenedores o propietarios, representan cantidades de dinero incalculable, pero la justicia de los hombres debe estar dispuesta a castigar a los perpetradores recuperando los derechos para sus legítimos dueños. Las vidas no solo no se podrán recuperar, sino que el valor de esos seres humanos que murieron con dignidad por defender sus principios será un patrimonio, que les quedará con orgullo a sus familiares y amigos, pero que el país perdió como capital social igualmente invaluable. Aún aquellas víctimas que lo fueron, sin estar involucradas en acciones de defensa de los derechos básicos, y que cayeron en el fuego cruzado o sacrificados como supuestos guerrilleros o traficantes, deben ser compensadas, pues era deber del Estado proteger “su vida, honra y bienes”, y desgraciadamente fueron las autoridades las que los utilizaron como carne de cañón para presentar “éxitos” en la lucha antisubversiva. Cuantas veces la policía y el ejército omitieron intervenir en acciones de paramilitares, con lo que se hicieron cómplices de esas acciones y ahora se pretende que el Estado no quiere ni puede compensar a esas gentes.
Mientras se les entregan generosos subsidios a quienes se desmovilizan y se gasta dinero a manos llenas en reuniones internacionales y eventos propagandísticos, para quienes huyen del terror no hay ayudas, porque supuestamente no hay el dinero para compensarlos. Se invita a príncipes y princesas a hablar de las víctimas del terror y se traen ejemplos de sufrimiento de personas que perdieron familiares en las Torres Gemelas de Nueva York o en Mozambique y otros lugares del África pero hay muy poco espacio para nuestros propios atormentados desterrados. Las víctimas colombianas no son iguales a los americanos sacrificados en el ataque aéreo. Nuestros conciudadanos vivieron no minutos de terror, sino años de miedo, amenazas y abusos, frente a los cuales las autoridades mostraron total indiferencia.
A las víctimas en Colombia se les han ofrecido compensaciones, ayudas temporales y se las ha ilusionado con la idea que tendrán verdad, justicia y reparación, sin embargo como lo señalara el senador Juan Fernando Cristo a los congresistas les preocupa más darle una salida a los victimarios, que darles una oportunidad de reconstruir sus vidas a las víctimas. Mientras unos son protegidos por leyes complacientes, los otros deben ocultarse en barriadas temerosos de que sean encontrados y corran la misma suerte que sus parientes.
Las víctimas deben tener un reconocimiento social enorme y no solo legilativo, porque recuperar su capacidad de trabajo, su iniciativa, sus condiciones de vida no solo es un derecho que ellos tienen, sino que sería la única forma de reconstruir una red social que genere de nuevo trabajo, satisfacción e ilusiones en las comunidades que fueron víctimas del terror. Las opciones de vida de las víctimas son las opciones para que el país renazca con la fuerza de todos a quienes les arrebataron ilusiones, propiedades y una vida decente. La recuperación de la dignidad de las víctimas nos llevara a recuperar la dignidad como país. Ahora más que nunca hay que volver a gritar con Gaitán: “Por la restauración moral de la República: Adelante”
lunes, 8 de junio de 2009
¿Vamos a seguirles el juego?
La reciente ofensiva contra académicos, estudiantes e intelectuales se ha convertido en la más evidente muestra de intolerancia y persecución contra la oposición, que se haya registrado desde que asumió el presidente Uribe en el año 2002, y encuentra su paralelo, solo, en la ofensiva de Carlos Castaño durante los años 1997 a 1999, ocasión en la que cayeron figuras de la talla de Mario Calderón, Elsa Alvarado, Eduardo Umaña, Jesús Antonio Bejarano y Jaime Garzón.
La oposición se halla en este momento bajo presiones fuertes y ante importantes dilemas: mientras los esfuerzos por perseguir, bajo cualquier pretexto, a los contradictores del régimen se intensifican y se trata de atemorizar a las bases que han respaldado los movimientos disidentes, parece tener éxito la estrategia de dividir a los movimientos contrarios a la reelección y la continuidad de una política anti-popular , corrupta y conciliadora con los elementos que han atentado contra la estabilidad del Estado y la armonía social.
Las pruebas de la existencia de una alianza entre autoridades, políticos y paramilitares ya nadie las discute, hasta el punto que hoy, lo que buscan los partidos de gobierno, es neutralizar la continuidad de las investigaciones y reducir el impacto de los fallos contra quienes rodearon al presidente durante una campaña a todas luces marcada por el dinero y las balas. La compra de votos en el congreso para la aprobación de la primera reelección de Uribe no puede, a estas alturas, ser negada (independiente de quién lo haya llevado a cabo), y la segunda ha venido marcada por acusaciones de utilización de dineros de dudosa procedencia y manipulación del contenido de la propuesta de referendo.
Si había dudas acerca de los beneficios que recibían de manera generosa los amigos del gobierno con nombramientos, contratos e información privilegiada, con el “veloz enriquecimiento” de los hijos del primer mandatario quedó al descubierto cómo es que se pretende mejorar la “confianza inversionista” y “fomentar el empresariado”. Los favores, que no necesitan ser ilícitos para ser motivo de preocupación, se construyen desde unas especiales relaciones con las multinacionales y el gran capital (Bavaria) hasta una conveniente sociedad con funcionarios locales, que a su vez se ve retribuida con facilidades para poder gestionar ante las entidades nacionales licencias, autorizaciones y un marco normativo apropiado para el negocio en proceso.
Las chuzadas telefónicas no son algo nuevo en Colombia, y la oposición sí que lo sabe, pues ha sido su víctima durante muchos años, sin embargo la confirmación de que esa estrategia ha sido orquestada desde la casa presidencial, con la colaboración del Ministerio de Hacienda y del más importante organismo de seguridad del Estado (DAS), contra autoridades judiciales, periodistas, políticos y otros opositores, demuestra a las claras que los métodos que se pretende utilizar, en esta guerra arrasadora. son múltiples y que no existe reato moral para utilizarlos.
Las entidades que debían servir de contrapeso al ejecutivo han dejado de ser independientes y hoy están llenas de funcionarios nombrados por el presidente o su bancada en el Congreso, que le hacen el juego a las intenciones de acallar la oposición e impedir cualquier conato de resistencia. Organismos que los constituyentes imaginaron independientes y multipartidistas hoy, no solo no se atreven a contradecir al ejecutivo, sino que en este momento son consecuentemente uribistas. ¿Qué clase de contrapeso pueden ejercer? ¿A dónde podrán ir los colombianos maltratados por este gobierno a quejarse? ¿Puede haber una justicia y un legislativo que representen la multifacética estructura cultural, económica y social colombiana en estas condiciones?
¿No son estas, así no sea una recopilación exhaustiva, razones suficientes para que las bases populares y los movimientos, que no están de acuerdo con estos comportamientos en las más altas instancias del gobierno, se empeñen desde ya en una campaña aglutinadora de las fuerzas dispersas y en una necesaria unión en torno a principios generales del manejo del Estado, que se opongan al ejemplo que ha dado Álvaro Uribe y sus cómplices? Primero pongámonos de acuerdo en lo fundamental y luego veremos quién es el candidato: no empecemos por el final.
La oposición se halla en este momento bajo presiones fuertes y ante importantes dilemas: mientras los esfuerzos por perseguir, bajo cualquier pretexto, a los contradictores del régimen se intensifican y se trata de atemorizar a las bases que han respaldado los movimientos disidentes, parece tener éxito la estrategia de dividir a los movimientos contrarios a la reelección y la continuidad de una política anti-popular , corrupta y conciliadora con los elementos que han atentado contra la estabilidad del Estado y la armonía social.
Las pruebas de la existencia de una alianza entre autoridades, políticos y paramilitares ya nadie las discute, hasta el punto que hoy, lo que buscan los partidos de gobierno, es neutralizar la continuidad de las investigaciones y reducir el impacto de los fallos contra quienes rodearon al presidente durante una campaña a todas luces marcada por el dinero y las balas. La compra de votos en el congreso para la aprobación de la primera reelección de Uribe no puede, a estas alturas, ser negada (independiente de quién lo haya llevado a cabo), y la segunda ha venido marcada por acusaciones de utilización de dineros de dudosa procedencia y manipulación del contenido de la propuesta de referendo.
Si había dudas acerca de los beneficios que recibían de manera generosa los amigos del gobierno con nombramientos, contratos e información privilegiada, con el “veloz enriquecimiento” de los hijos del primer mandatario quedó al descubierto cómo es que se pretende mejorar la “confianza inversionista” y “fomentar el empresariado”. Los favores, que no necesitan ser ilícitos para ser motivo de preocupación, se construyen desde unas especiales relaciones con las multinacionales y el gran capital (Bavaria) hasta una conveniente sociedad con funcionarios locales, que a su vez se ve retribuida con facilidades para poder gestionar ante las entidades nacionales licencias, autorizaciones y un marco normativo apropiado para el negocio en proceso.
Las chuzadas telefónicas no son algo nuevo en Colombia, y la oposición sí que lo sabe, pues ha sido su víctima durante muchos años, sin embargo la confirmación de que esa estrategia ha sido orquestada desde la casa presidencial, con la colaboración del Ministerio de Hacienda y del más importante organismo de seguridad del Estado (DAS), contra autoridades judiciales, periodistas, políticos y otros opositores, demuestra a las claras que los métodos que se pretende utilizar, en esta guerra arrasadora. son múltiples y que no existe reato moral para utilizarlos.
Las entidades que debían servir de contrapeso al ejecutivo han dejado de ser independientes y hoy están llenas de funcionarios nombrados por el presidente o su bancada en el Congreso, que le hacen el juego a las intenciones de acallar la oposición e impedir cualquier conato de resistencia. Organismos que los constituyentes imaginaron independientes y multipartidistas hoy, no solo no se atreven a contradecir al ejecutivo, sino que en este momento son consecuentemente uribistas. ¿Qué clase de contrapeso pueden ejercer? ¿A dónde podrán ir los colombianos maltratados por este gobierno a quejarse? ¿Puede haber una justicia y un legislativo que representen la multifacética estructura cultural, económica y social colombiana en estas condiciones?
¿No son estas, así no sea una recopilación exhaustiva, razones suficientes para que las bases populares y los movimientos, que no están de acuerdo con estos comportamientos en las más altas instancias del gobierno, se empeñen desde ya en una campaña aglutinadora de las fuerzas dispersas y en una necesaria unión en torno a principios generales del manejo del Estado, que se opongan al ejemplo que ha dado Álvaro Uribe y sus cómplices? Primero pongámonos de acuerdo en lo fundamental y luego veremos quién es el candidato: no empecemos por el final.
lunes, 25 de mayo de 2009
¿Cuál es la verdadera crisis?
El fracaso de las grandes automotrices, aseguradoras y entidades bancarias se ha vivido en el mundo occidental como una gran crisis, que no solo pone en peligro las recientes doctrinas económicas, que se habían atribuido la infalibilidad, sino que han puesto a pensar al mundo en función de, cómo sacar a los grandes defraudadores de los negocios a nivel mundial de su quiebra y su pérdida de credibilidad. Miles de millones de dólares se han destinado a lanzarles salvavidas y a darles aire a empresas y agencias, que han mostrado a las claras que actuaron, si no con premeditación, si con irresponsabilidad.
Los impuestos y el endeudamiento que esta crisis generaran los habrán de pagar los ciudadanos, en especial de los países desarrollados, los mismos que han visto aumentar la contaminación en sus patios traseros, en sus ríos, en sus alimentos y en el aire que respiran. El cambio climático amenaza de manera clara con acentuar las desgracias naturales, generar nuevos tipos de riesgos sobre los habitantes de regiones litorales, inducir cambios en el régimen de lluvias y periodos secos, y otras alteraciones menores que empezarán por afectar a los más desprotegidos. La estructura de la producción y distribución de los alimentos mantiene en condiciones de desnutrición a 800 millones de seres humanos y alrededor de 25.000 niños mueren por afecciones relacionadas con la malnutrición a diario, a pesar de que hay superproducción de alimentos en muchos lugares del mundo desarrollado.
La gripe porcina le recordó hace unos días no solo a México, sino también a países tan alejados del lugar de origen de la pandemia como China y Japón, que la velocidad con que se propagan hoy en día los virus y la facilidad con que vectores pueden trasladar epidemias de un lado a otro, dejan poco lugar para esconderse. Los seres vivos estamos sujetos a numerosos riesgos, que no solo incluyen las enfermedades de transmisión directa, sino también los peligros asociados con materiales y sustancias que pueden venir en mercancías, vehículos, alimentos, bebidas o equipos de uso doméstico. Todavía estamos lejos de procesar de manera sistemática y segura subproductos químicos, tóxicos y corrosivos y sin embargo las industrias, que han regado esas mercancías por el mundo, sin prever tratamientos adecuados, estarán recibiendo su tajada en esta nueva etapa de repartición del presupuesto público.
Las nuevas tendencias en el mercado de hidrocarburos y los expertos en el tema están lanzando una alarma, pues los recursos de combustibles fósiles existentes llegarán en el curso de menos de quince años a su máximo de extracción, lo que implica que de ahí en adelante la oferta de estos energéticos empezará a descender, mientras las necesidades de las nuevas economías emergentes y la creciente población mundial siguen en aumento.
Los esfuerzos por reducir los efectos de las guerras, el tráfico de armas y seres humanos son limitados y las garantías de salvaguardia de la vida para muchos individuos solo aparecen en el papel. Hoy existen más de 31 millones de desplazados en diferentes países del mundo. El tráfico de inmigrantes ilegales hacia los países desarrollados, con riesgos de muerte para los migrantes, sigue en aumento y el número de niñ@s, mujeres jóvenes y trabajadores de diferentes actividades cuyos derechos son violados de manera abusiva y cruel, siendo obligados a realizar labores muchas veces ilegales, se mantiene en todas las regiones del orbe.
Este rápido y superficial recuento de diferentes crisis, no es exhaustivo, pero permite apreciar algunos de los múltiples retos que tiene la humanidad en la actualidad, y debería llamar a la reflexión acerca de los esfuerzos humanos y económicos que los países que más han logrado acumular, han dedicado a rescatar al sector financiero, que una de las importantes cualidades que debiera poseer es la de identificar el tipo de flujos y adecuar el ahorro disponible para encausar dichos recursos a los proyectos que más los necesitan y que generan un beneficio social máximo. Las necesidades de la sociedad de este primero lustro del segundo milenio son muchas y las prioridades deberían reformularse, ojalá colectivamente y no con vetos y posiciones preferenciales.
Los impuestos y el endeudamiento que esta crisis generaran los habrán de pagar los ciudadanos, en especial de los países desarrollados, los mismos que han visto aumentar la contaminación en sus patios traseros, en sus ríos, en sus alimentos y en el aire que respiran. El cambio climático amenaza de manera clara con acentuar las desgracias naturales, generar nuevos tipos de riesgos sobre los habitantes de regiones litorales, inducir cambios en el régimen de lluvias y periodos secos, y otras alteraciones menores que empezarán por afectar a los más desprotegidos. La estructura de la producción y distribución de los alimentos mantiene en condiciones de desnutrición a 800 millones de seres humanos y alrededor de 25.000 niños mueren por afecciones relacionadas con la malnutrición a diario, a pesar de que hay superproducción de alimentos en muchos lugares del mundo desarrollado.
La gripe porcina le recordó hace unos días no solo a México, sino también a países tan alejados del lugar de origen de la pandemia como China y Japón, que la velocidad con que se propagan hoy en día los virus y la facilidad con que vectores pueden trasladar epidemias de un lado a otro, dejan poco lugar para esconderse. Los seres vivos estamos sujetos a numerosos riesgos, que no solo incluyen las enfermedades de transmisión directa, sino también los peligros asociados con materiales y sustancias que pueden venir en mercancías, vehículos, alimentos, bebidas o equipos de uso doméstico. Todavía estamos lejos de procesar de manera sistemática y segura subproductos químicos, tóxicos y corrosivos y sin embargo las industrias, que han regado esas mercancías por el mundo, sin prever tratamientos adecuados, estarán recibiendo su tajada en esta nueva etapa de repartición del presupuesto público.
Las nuevas tendencias en el mercado de hidrocarburos y los expertos en el tema están lanzando una alarma, pues los recursos de combustibles fósiles existentes llegarán en el curso de menos de quince años a su máximo de extracción, lo que implica que de ahí en adelante la oferta de estos energéticos empezará a descender, mientras las necesidades de las nuevas economías emergentes y la creciente población mundial siguen en aumento.
Los esfuerzos por reducir los efectos de las guerras, el tráfico de armas y seres humanos son limitados y las garantías de salvaguardia de la vida para muchos individuos solo aparecen en el papel. Hoy existen más de 31 millones de desplazados en diferentes países del mundo. El tráfico de inmigrantes ilegales hacia los países desarrollados, con riesgos de muerte para los migrantes, sigue en aumento y el número de niñ@s, mujeres jóvenes y trabajadores de diferentes actividades cuyos derechos son violados de manera abusiva y cruel, siendo obligados a realizar labores muchas veces ilegales, se mantiene en todas las regiones del orbe.
Este rápido y superficial recuento de diferentes crisis, no es exhaustivo, pero permite apreciar algunos de los múltiples retos que tiene la humanidad en la actualidad, y debería llamar a la reflexión acerca de los esfuerzos humanos y económicos que los países que más han logrado acumular, han dedicado a rescatar al sector financiero, que una de las importantes cualidades que debiera poseer es la de identificar el tipo de flujos y adecuar el ahorro disponible para encausar dichos recursos a los proyectos que más los necesitan y que generan un beneficio social máximo. Las necesidades de la sociedad de este primero lustro del segundo milenio son muchas y las prioridades deberían reformularse, ojalá colectivamente y no con vetos y posiciones preferenciales.
sábado, 16 de mayo de 2009
Vida en comunidad
La moderna cotidianeidad ha puesto la actividad incesante, en general improductiva, desde el punto de vista no solo de sus resultados, sino también de la importancia que tiene para el individuo, en primer lugar en la vida de los seres humanos, subordinando las verdaderas aspiraciones personales, a caprichos de organizaciones y entidades, que modifican sus objetivos con inusitada frecuencia. La velocidad en la acción, en la actualidad, se ha convertido en el paradigma, y frente a ello las relaciones personales también quedan a la merced de los afanes, la inercia y la ausencia de reflexión. Con ello ha sufrido la vida en comunidad, se ha perdido el sentido de la defensa del entorno, prefiriendo la agitación de la gestión y la empresa, a la paz que concede ese hogar encendido y cálido.
Esa pérdida de identidad con estructuras que son la raíz de ser de los individuos, si bien lleva a la exploración, a la innovación, a la aventura y a la construcción de nuevas identidades, no puede separarse de lo que se ha sido, ni de las deudas que con ese entorno original se tienen. La creencia, en particular de los jóvenes, de creer que su descubrimiento del mundo es el primero, les hace olvidar que a su alrededor existen múltiples fuentes de conocimiento, experiencia y reflexión, a las cuales renuncian de manera obstinada y corta de vista. Si de eficiencia se trata, qué mejor que evitar los errores que ya otros han cometido, escuchar las experiencias ajenas y en particular contribuir a la experiencia colectica de la comunidad. Abrir espacios para que los entornos se diversifiquen y puedan abrir la discusión no solo a nuevos temas, sino también a nuevos actores, es tal vez la mejor opción para enriquecer la experiencia e inclusive plantearse nuevos retos. El diferente, en términos de aquella persona que tiene una visón nueva, frente a la de los miembros del entorno, es indispensable para poder ampliar el espectro de las ideas y de los enfoques. Renunciar a la diferencia y prescindir del esfuerzo que demanda la tolerancia, es una decisión equivocada, que cierra las puertas a nuevas opciones y que termina por ser endogamia de la peor especie.
La comunidad se enriquece con el debate, con la confrontación de ideas; el aislamiento y las barreras solo contribuyen a la especulación y al chisme. La transparencia y la información deben buscarse sin descanso, y si la vida no se transforma al contacto con los demás, la comunidad no está cumpliendo su importante función. Será necesario transformarla o liquidarla.
Las comunidades opresivas, que demandan de sus miembros sacrificios más allá de sus límites, deben descartarse, son peligrosas y absorbentes; la construcción de los objetivos, entre los que debe estar la forma de organizar el ocio, la recreación y la diversión, debe surgir del consenso, de los acuerdos para aprovechar las ventajas particulares de cada grupo, para organizar experiencias nuevas y mejorar la convivencia y la calidad de vida de todos los que en ella participan. Compartir debe enriquecer y no solo servir de una forma utilitaria para sobrevivir y sacar partido.
Comunidades más o menos, solo como seres gregarios tienen sentido los seres humanos. El paradigma del individualismo es un producto de la sociedad capitalista, que mas que un resultado de leyes naturales responde a una normatividad que beneficia una estructura de poder basado en unas relaciones desiguales y que busca desarticular todas las organizaciones fundadas de manera espontánea por grupos humanos de la más diversas orientación. La modernidad desarticula la familia, persigue las sociedades primitivas, trata de liquidar grupos de interés y reta a los individuos a actuar por sí solos, es decir busca sacarlos de su natural entorno, de la familia, del clan, de la tribu, de la acción comunal, de los sindicatos, de la asociación de usuarios, trata de encontrar ala individuo solo para poder actuar a sus anchas, para aprovechar ese poder desigual que beneficia a los que tienen y que vuelve a los que no tienen sumisos y obedientes.
Analice su comunidad y ayude a transformarla.
Esa pérdida de identidad con estructuras que son la raíz de ser de los individuos, si bien lleva a la exploración, a la innovación, a la aventura y a la construcción de nuevas identidades, no puede separarse de lo que se ha sido, ni de las deudas que con ese entorno original se tienen. La creencia, en particular de los jóvenes, de creer que su descubrimiento del mundo es el primero, les hace olvidar que a su alrededor existen múltiples fuentes de conocimiento, experiencia y reflexión, a las cuales renuncian de manera obstinada y corta de vista. Si de eficiencia se trata, qué mejor que evitar los errores que ya otros han cometido, escuchar las experiencias ajenas y en particular contribuir a la experiencia colectica de la comunidad. Abrir espacios para que los entornos se diversifiquen y puedan abrir la discusión no solo a nuevos temas, sino también a nuevos actores, es tal vez la mejor opción para enriquecer la experiencia e inclusive plantearse nuevos retos. El diferente, en términos de aquella persona que tiene una visón nueva, frente a la de los miembros del entorno, es indispensable para poder ampliar el espectro de las ideas y de los enfoques. Renunciar a la diferencia y prescindir del esfuerzo que demanda la tolerancia, es una decisión equivocada, que cierra las puertas a nuevas opciones y que termina por ser endogamia de la peor especie.
La comunidad se enriquece con el debate, con la confrontación de ideas; el aislamiento y las barreras solo contribuyen a la especulación y al chisme. La transparencia y la información deben buscarse sin descanso, y si la vida no se transforma al contacto con los demás, la comunidad no está cumpliendo su importante función. Será necesario transformarla o liquidarla.
Las comunidades opresivas, que demandan de sus miembros sacrificios más allá de sus límites, deben descartarse, son peligrosas y absorbentes; la construcción de los objetivos, entre los que debe estar la forma de organizar el ocio, la recreación y la diversión, debe surgir del consenso, de los acuerdos para aprovechar las ventajas particulares de cada grupo, para organizar experiencias nuevas y mejorar la convivencia y la calidad de vida de todos los que en ella participan. Compartir debe enriquecer y no solo servir de una forma utilitaria para sobrevivir y sacar partido.
Comunidades más o menos, solo como seres gregarios tienen sentido los seres humanos. El paradigma del individualismo es un producto de la sociedad capitalista, que mas que un resultado de leyes naturales responde a una normatividad que beneficia una estructura de poder basado en unas relaciones desiguales y que busca desarticular todas las organizaciones fundadas de manera espontánea por grupos humanos de la más diversas orientación. La modernidad desarticula la familia, persigue las sociedades primitivas, trata de liquidar grupos de interés y reta a los individuos a actuar por sí solos, es decir busca sacarlos de su natural entorno, de la familia, del clan, de la tribu, de la acción comunal, de los sindicatos, de la asociación de usuarios, trata de encontrar ala individuo solo para poder actuar a sus anchas, para aprovechar ese poder desigual que beneficia a los que tienen y que vuelve a los que no tienen sumisos y obedientes.
Analice su comunidad y ayude a transformarla.
martes, 12 de mayo de 2009
Crisis, violencia y comunidad
La crisis financiera mundial ha creado un telón pesado e inmóvil, que no permite apreciar severas amenazas que brotan de muchos rincones del mundo, y que atentan no solo contra la estabilidad de los países, sino contra principios de convivencia, tolerancia y respeto por la vida.
Los asaltos de piratas en el Golfo de Adén, la ofensiva contra los Tigres Tamiles en Sri Lanka y contra los talibanes en Afganistán y Pakistán, la rebelión en Myanmar, la guerra entre carteles en México y la resilencia de los micro-carteles colombianos, son solo ejemplos de cómo en todas las regiones y países, la delincuencia y el fanatismo, siguen ganando adeptos, en especial entre los habitantes de regiones pobres, o en las que la juventud tiene pocas opciones de vida y sueños de transformación.
África, Latinoamérica y la mayor parte de Asia albergan una proporción grande de todos los pobres del mundo, pero también son sede de violentos enfrentamientos de pandillas, bandas armadas, traficantes de drogas, seres humanos y armas, ejércitos rebeldes, paramilitares y muchos otros grupos que acechan tras la inconformidad de los jóvenes para ponerles un arma en la mano y de manera gradual realizarles un lavado de cerebro, que los convierta en presas fáciles de idearios precarios, de ambiciones de poder y dinero, así como de una ética voluble y laxa, que termina por convertirlos en fáciles instrumentos de delincuentes y fanáticos de todas las vertientes.
Por otra parte, los ejércitos de todas las regiones, siguiendo el ejemplo que dieron los soldados norteamericanos en Irak, están aún convencidos que la derrota del enemigo justifica cualquier práctica. Los ciudadanos de Sri Lanka, de Afganistán e inclusive del Tibet pueden hoy dar cuenta de ello. Los métodos cada vez más poderosos y desproporcionados son utilizados para combatir con frecuencia a rebeldes cuya capacidad de reacción es mínima. Monjes en Myanmar enfrentando a soldados profesionales, campesinos bolivianos asesinados por paramilitares, migrantes centro americanos explotados y asesinados por "coyotes", que debían conducirlos hacia el sueño americano, son todas víctimas de organizaciones sin principios, que no se detienen ante la debilidad de la víctima, sino por el contrario se aprovechan de ella.
La legitimación de la violencia, ya sea por la autoridad del Estado o por la lucha insurgente no tiene presentación en la actualidad, el poder de las armas y la ausencia de principios morales que ha acompañado el uso de ellas, no garantiza nada a los ciudadanos y por el contrario, defender la lucha armada termina por ser una justificación para que los enemigos de las causas justas arremetan contra sus defensores. El rechazo de quienes se oponen a un mundo cada vez más injusto, mas lleno de discriminación y arbitrariedad, de inercia en favor de los que ya tienen y que atenta contra los que tienen poco, debe encausarse a través de un nuevo ideario, que permita crear lazos de solidaridad alrededor de la tolerancia, de las ventajas que representa la diversidad, de la sustitución de lazos de mercado por lazos de hermandad y apoyo, que permitan entender que la defensa no solo del planeta sino de la sociedad debe pasar por entender, que solo la acción colectiva, puede aliviar los riesgos que enfrenta la sociedad moderna.
No solo la crisis financiera, sino también la crisis ambiental y social deben enfocarnos hacia una nueva ética del compartir y la responsabilidad, de la acción solidaria y la ausencia de cálculo egoísta, de apoyo a los que han sido discriminados y de construcción de nuevos horizontes comunes. Continuar con la idea de que no importa si cada cual tira para su lado, si el barco se mueve, no solo es desaprovechar las sinergias que se deben construir, sino es también renunciar a una comprensión integral de la realidad. Si seguimos creyendo que somos los dueños de la verdad solo lograremos que nos utilicen y que llevándonos la cuerda, nos lleven al matadero, quienes si actúan como comunidades de intereses mezquinos y calculados.
Acabemos con la resistencia pasiva y abramos nuevos proyectos de acción que permitan recuperar la confianza, la identidad y la solidaridad entre diferentes. Construyamos tolerancia y estima por los afanes colectivos: Volvamos a la minga!
Los asaltos de piratas en el Golfo de Adén, la ofensiva contra los Tigres Tamiles en Sri Lanka y contra los talibanes en Afganistán y Pakistán, la rebelión en Myanmar, la guerra entre carteles en México y la resilencia de los micro-carteles colombianos, son solo ejemplos de cómo en todas las regiones y países, la delincuencia y el fanatismo, siguen ganando adeptos, en especial entre los habitantes de regiones pobres, o en las que la juventud tiene pocas opciones de vida y sueños de transformación.
África, Latinoamérica y la mayor parte de Asia albergan una proporción grande de todos los pobres del mundo, pero también son sede de violentos enfrentamientos de pandillas, bandas armadas, traficantes de drogas, seres humanos y armas, ejércitos rebeldes, paramilitares y muchos otros grupos que acechan tras la inconformidad de los jóvenes para ponerles un arma en la mano y de manera gradual realizarles un lavado de cerebro, que los convierta en presas fáciles de idearios precarios, de ambiciones de poder y dinero, así como de una ética voluble y laxa, que termina por convertirlos en fáciles instrumentos de delincuentes y fanáticos de todas las vertientes.
Por otra parte, los ejércitos de todas las regiones, siguiendo el ejemplo que dieron los soldados norteamericanos en Irak, están aún convencidos que la derrota del enemigo justifica cualquier práctica. Los ciudadanos de Sri Lanka, de Afganistán e inclusive del Tibet pueden hoy dar cuenta de ello. Los métodos cada vez más poderosos y desproporcionados son utilizados para combatir con frecuencia a rebeldes cuya capacidad de reacción es mínima. Monjes en Myanmar enfrentando a soldados profesionales, campesinos bolivianos asesinados por paramilitares, migrantes centro americanos explotados y asesinados por "coyotes", que debían conducirlos hacia el sueño americano, son todas víctimas de organizaciones sin principios, que no se detienen ante la debilidad de la víctima, sino por el contrario se aprovechan de ella.
La legitimación de la violencia, ya sea por la autoridad del Estado o por la lucha insurgente no tiene presentación en la actualidad, el poder de las armas y la ausencia de principios morales que ha acompañado el uso de ellas, no garantiza nada a los ciudadanos y por el contrario, defender la lucha armada termina por ser una justificación para que los enemigos de las causas justas arremetan contra sus defensores. El rechazo de quienes se oponen a un mundo cada vez más injusto, mas lleno de discriminación y arbitrariedad, de inercia en favor de los que ya tienen y que atenta contra los que tienen poco, debe encausarse a través de un nuevo ideario, que permita crear lazos de solidaridad alrededor de la tolerancia, de las ventajas que representa la diversidad, de la sustitución de lazos de mercado por lazos de hermandad y apoyo, que permitan entender que la defensa no solo del planeta sino de la sociedad debe pasar por entender, que solo la acción colectiva, puede aliviar los riesgos que enfrenta la sociedad moderna.
No solo la crisis financiera, sino también la crisis ambiental y social deben enfocarnos hacia una nueva ética del compartir y la responsabilidad, de la acción solidaria y la ausencia de cálculo egoísta, de apoyo a los que han sido discriminados y de construcción de nuevos horizontes comunes. Continuar con la idea de que no importa si cada cual tira para su lado, si el barco se mueve, no solo es desaprovechar las sinergias que se deben construir, sino es también renunciar a una comprensión integral de la realidad. Si seguimos creyendo que somos los dueños de la verdad solo lograremos que nos utilicen y que llevándonos la cuerda, nos lleven al matadero, quienes si actúan como comunidades de intereses mezquinos y calculados.
Acabemos con la resistencia pasiva y abramos nuevos proyectos de acción que permitan recuperar la confianza, la identidad y la solidaridad entre diferentes. Construyamos tolerancia y estima por los afanes colectivos: Volvamos a la minga!
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