¿Vamos a seguirles el juego?

La reciente ofensiva contra académicos, estudiantes e intelectuales se ha convertido en la más evidente muestra de intolerancia y persecución contra la oposición, que se haya registrado desde que asumió el presidente Uribe en el año 2002, y encuentra su paralelo, solo, en la ofensiva de Carlos Castaño durante los años 1997 a 1999, ocasión en la que cayeron figuras de la talla de Mario Calderón, Elsa Alvarado, Eduardo Umaña, Jesús Antonio Bejarano y Jaime Garzón.
La oposición se halla en este momento bajo presiones fuertes y ante importantes dilemas: mientras los esfuerzos por perseguir, bajo cualquier pretexto, a los contradictores del régimen se intensifican y se trata de atemorizar a las bases que han respaldado los movimientos disidentes, parece tener éxito la estrategia de dividir a los movimientos contrarios a la reelección y la continuidad de una política anti-popular , corrupta y conciliadora con los elementos que han atentado contra la estabilidad del Estado y la armonía social.
Las pruebas de la existencia de una alianza entre autoridades, políticos y paramilitares ya nadie las discute, hasta el punto que hoy, lo que buscan los partidos de gobierno, es neutralizar la continuidad de las investigaciones y reducir el impacto de los fallos contra quienes rodearon al presidente durante una campaña a todas luces marcada por el dinero y las balas. La compra de votos en el congreso para la aprobación de la primera reelección de Uribe no puede, a estas alturas, ser negada (independiente de quién lo haya llevado a cabo), y la segunda ha venido marcada por acusaciones de utilización de dineros de dudosa procedencia y manipulación del contenido de la propuesta de referendo.
Si había dudas acerca de los beneficios que recibían de manera generosa los amigos del gobierno con nombramientos, contratos e información privilegiada, con el “veloz enriquecimiento” de los hijos del primer mandatario quedó al descubierto cómo es que se pretende mejorar la “confianza inversionista” y “fomentar el empresariado”. Los favores, que no necesitan ser ilícitos para ser motivo de preocupación, se construyen desde unas especiales relaciones con las multinacionales y el gran capital (Bavaria) hasta una conveniente sociedad con funcionarios locales, que a su vez se ve retribuida con facilidades para poder gestionar ante las entidades nacionales licencias, autorizaciones y un marco normativo apropiado para el negocio en proceso.
Las chuzadas telefónicas no son algo nuevo en Colombia, y la oposición sí que lo sabe, pues ha sido su víctima durante muchos años, sin embargo la confirmación de que esa estrategia ha sido orquestada desde la casa presidencial, con la colaboración del Ministerio de Hacienda y del más importante organismo de seguridad del Estado (DAS), contra autoridades judiciales, periodistas, políticos y otros opositores, demuestra a las claras que los métodos que se pretende utilizar, en esta guerra arrasadora. son múltiples y que no existe reato moral para utilizarlos.
Las entidades que debían servir de contrapeso al ejecutivo han dejado de ser independientes y hoy están llenas de funcionarios nombrados por el presidente o su bancada en el Congreso, que le hacen el juego a las intenciones de acallar la oposición e impedir cualquier conato de resistencia. Organismos que los constituyentes imaginaron independientes y multipartidistas hoy, no solo no se atreven a contradecir al ejecutivo, sino que en este momento son consecuentemente uribistas. ¿Qué clase de contrapeso pueden ejercer? ¿A dónde podrán ir los colombianos maltratados por este gobierno a quejarse? ¿Puede haber una justicia y un legislativo que representen la multifacética estructura cultural, económica y social colombiana en estas condiciones?
¿No son estas, así no sea una recopilación exhaustiva, razones suficientes para que las bases populares y los movimientos, que no están de acuerdo con estos comportamientos en las más altas instancias del gobierno, se empeñen desde ya en una campaña aglutinadora de las fuerzas dispersas y en una necesaria unión en torno a principios generales del manejo del Estado, que se opongan al ejemplo que ha dado Álvaro Uribe y sus cómplices? Primero pongámonos de acuerdo en lo fundamental y luego veremos quién es el candidato: no empecemos por el final.