Por Héctor A. Otero
Frente a un nuevo proceso de negociación entre el gobierno y
la insurgencia, surge, como siempre, la pregunta de cuáles son las verdaderas
intenciones de los representantes de las principales fuerzas de este
conflicto. El gobierno ha dado señales
claras de querer salir de la encrucijada de una guerra que no tiene final y ha confiado
en que los duros golpes propinados a la insurgencia (en especial la muerte de
sus principales líderes, tanto en combate como por la edad) en los últimos
años, permitirá un nuevo punto de partida que posibilite llegar a resultados
por completo diferentes a los de las experiencias anteriores.
La insurgencia, que se sabe disminuida, quiere una reingeniería,
en otras palabras, busca presentar una nueva cara y aprovechar unos escenarios internacionales
para mejorar su imagen, que ha sido afectada por la incapacidad de sus nuevos
líderes de conectarse con la opinión pública.
Pero también está detrás de darle un aire nuevo a sus frentes, que no
dejarán de actuar, pero que se verán estimulados al encontrar que sus líderes
nuevamente ocupan páginas en la prensa y su imagen se vuelve corriente en los
noticieros y páginas de internet.
Las figuras que han sido nombradas por las partes son todas
figuras de la línea dura, lo que hará de la negociación una verdadera
confrontación entre extremos. El
resultado, como siempre que se enfrentan los extremos, es bien probable que sea
un pronto rompimiento, pues los lenguajes y más aún los objetivos de este
esfuerzo pueden identificarse pronto como incompatibles. La otra opción, es que algunos de los menos
radicales negociadores traten de interpretar al contrario y se pueda acceder a
un diálogo, en el que se logren acuerdos pequeños y tal vez intrascendentes,
pero que sirvan de base para mantener la mesa viva.
El diálogo podrá continuar, siempre que se reconozcan diferentes
aspectos de la realidad que han cambiado durante los últimos años: la
importancia relativa del campo en Colombia ha disminuido de manera radical, la
concentración de los medios de comunicación, que forman la opinión pública y le
darán aire o ahogarán el proceso, será definitiva en la percepción que tengan
los ciudadanos de este diálogo, y las fuerzas políticas que se encuentran
polarizadas y dispersas, deberán realinderarse de forma que puedan apoyar el
proceso o buscar nuevos rumbos alternativos.
El primer punto de la agenda que se ha acordado, será vital
para las aspiraciones de la insurgencia, que busca congraciarse con sus bases
rurales, ofreciendo la posibilidad de restituir tierras y lograr una
reincoporación digna a la sociedad civil para sus simpatizantes y
militantes. Una ventaja, será que no van
a ser muchos quienes se acojan a esta opción, y aquellos que lo hagan se ubicarían
sobre todo en áreas marginales, con pocas posibilidades para el desarrollo de
esas unidades productivas. Esta no será
una reforma agraria como se concebía en otras épocas, será tan solo una
recuperación de derechos, pero sin posibilidades de construcción económica,
pues ni la situación actual del campo lo permitirá, ni los acuerdos comerciales
recientes ofrecerán posibilidades para que las pequeñas propiedades rurales
tengan futuro. Para el gobierno ceder en
estos aspectos tendrá un bajo costo y será fácil ponerse de acuerdo en muchos
puntos que no modifiquen la propiedad de los núcleos rurales asociados con la
gran producción.
La forma como se presentará este diálogo a los colombianos
será definitiva para que se pueda llegar a algún acuerdo. Las fuentes de noticias, que el presidente
Santos conoce muy bien, definirán la forma como se van a presentar las negociaciones. De la imparcialidad y discreción en el manejo
de la información dependerá la imagen que se forme la opinión pública del papel
de las partes. En especial si consideramos
el hecho comentado acerca del radicalismo de los negociadores y el afán de
figuración de todos ellos. En ese
sentido será muy importante encontrar adecuados medios de comprobación y
seguimiento de los acuerdos logrados, para que no exista la posibilidad de interpretaciones
maliciosas ni evasión a los compromisos.
Por último, la estructura política colombiana, que jamás ha
sido fuerte desde el punto de vista ideológico, pero si ha tenido mecanismos de cohesión partidista, en este
momento encuentra unos movimientos políticos débiles, después de ocho años de
desinstitucionalización. Esta debilidad,
si los colombianos quisieran aprovecharla, sería ventajosa para conformar nuevas
alternativas y alianzas con contenido y bases ideológicas, pero lo más
probables es que en este mar de confusión, mentiras y manipulaciones, los
acuerdos no puedan contar con un respaldo político importante que permita
imponer la voluntad de quienes quieren la paz. Mientras estos aspectos no se resuelvan este
proceso será inviable.
