lunes, 22 de junio de 2009

No hay mal que por bien no venga

La semana pasada el honorable Congreso de la República decidió rechazar el proyecto de ley de víctimas, que había sido banalizado, alterado, manipulado y reducido en su impacto, por la gestión de los opositores a la iniciativa. Después de un llamado de la Casa Nariño, en solo cuatro horas se archivo el proyecto con los votos de las mayorías que respaldan al presidente.
Es una lástima que las víctimas de la guerra que ha vivido el país no cuenten con una norma que alivie, aunque sea de manera parcial, el sufrimiento a que han sido sometidas familias de campesinos, comunidades enteras amenazadas por el terror y líderes comunitarios que luchaban por justicia, derechos humanos y condiciones de trabajo dignas. Pero a la vez una ley incompleta, discriminatoria y sin dientes, sería también un engaño para quienes han cargado con la pena de perder sus seres queridos, sus propiedades, sus trabajos, sus raíces culturales y su calidad de vida.
A la vez una ley que el gobierno no está interesado en ejecutar a conciencia y con responsabilidad, tampoco podrá satisfacer las enormes demandas que hacen las víctimas. La sola expropiación de vidas y bienes por los actores armados, incluido el Estado, no pueden dejarse como efectos colaterales. Las tierras arrebatadas a tenedores o propietarios, representan cantidades de dinero incalculable, pero la justicia de los hombres debe estar dispuesta a castigar a los perpetradores recuperando los derechos para sus legítimos dueños. Las vidas no solo no se podrán recuperar, sino que el valor de esos seres humanos que murieron con dignidad por defender sus principios será un patrimonio, que les quedará con orgullo a sus familiares y amigos, pero que el país perdió como capital social igualmente invaluable. Aún aquellas víctimas que lo fueron, sin estar involucradas en acciones de defensa de los derechos básicos, y que cayeron en el fuego cruzado o sacrificados como supuestos guerrilleros o traficantes, deben ser compensadas, pues era deber del Estado proteger “su vida, honra y bienes”, y desgraciadamente fueron las autoridades las que los utilizaron como carne de cañón para presentar “éxitos” en la lucha antisubversiva. Cuantas veces la policía y el ejército omitieron intervenir en acciones de paramilitares, con lo que se hicieron cómplices de esas acciones y ahora se pretende que el Estado no quiere ni puede compensar a esas gentes.
Mientras se les entregan generosos subsidios a quienes se desmovilizan y se gasta dinero a manos llenas en reuniones internacionales y eventos propagandísticos, para quienes huyen del terror no hay ayudas, porque supuestamente no hay el dinero para compensarlos. Se invita a príncipes y princesas a hablar de las víctimas del terror y se traen ejemplos de sufrimiento de personas que perdieron familiares en las Torres Gemelas de Nueva York o en Mozambique y otros lugares del África pero hay muy poco espacio para nuestros propios atormentados desterrados. Las víctimas colombianas no son iguales a los americanos sacrificados en el ataque aéreo. Nuestros conciudadanos vivieron no minutos de terror, sino años de miedo, amenazas y abusos, frente a los cuales las autoridades mostraron total indiferencia.
A las víctimas en Colombia se les han ofrecido compensaciones, ayudas temporales y se las ha ilusionado con la idea que tendrán verdad, justicia y reparación, sin embargo como lo señalara el senador Juan Fernando Cristo a los congresistas les preocupa más darle una salida a los victimarios, que darles una oportunidad de reconstruir sus vidas a las víctimas. Mientras unos son protegidos por leyes complacientes, los otros deben ocultarse en barriadas temerosos de que sean encontrados y corran la misma suerte que sus parientes.
Las víctimas deben tener un reconocimiento social enorme y no solo legilativo, porque recuperar su capacidad de trabajo, su iniciativa, sus condiciones de vida no solo es un derecho que ellos tienen, sino que sería la única forma de reconstruir una red social que genere de nuevo trabajo, satisfacción e ilusiones en las comunidades que fueron víctimas del terror. Las opciones de vida de las víctimas son las opciones para que el país renazca con la fuerza de todos a quienes les arrebataron ilusiones, propiedades y una vida decente. La recuperación de la dignidad de las víctimas nos llevara a recuperar la dignidad como país. Ahora más que nunca hay que volver a gritar con Gaitán: “Por la restauración moral de la República: Adelante”

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