La semana pasada el honorable Congreso de la República decidió rechazar el proyecto de ley de víctimas, que había sido banalizado, alterado, manipulado y reducido en su impacto, por la gestión de los opositores a la iniciativa. Después de un llamado de la Casa Nariño, en solo cuatro horas se archivo el proyecto con los votos de las mayorías que respaldan al presidente.
Es una lástima que las víctimas de la guerra que ha vivido el país no cuenten con una norma que alivie, aunque sea de manera parcial, el sufrimiento a que han sido sometidas familias de campesinos, comunidades enteras amenazadas por el terror y líderes comunitarios que luchaban por justicia, derechos humanos y condiciones de trabajo dignas. Pero a la vez una ley incompleta, discriminatoria y sin dientes, sería también un engaño para quienes han cargado con la pena de perder sus seres queridos, sus propiedades, sus trabajos, sus raíces culturales y su calidad de vida.
Además una ley que el gobierno no está interesado en ejecutar a conciencia y con responsabilidad, tampoco podrá satisfacer las enormes demandas que hacen las víctimas. La sola expropiación de vidas y bienes por los actores armados, incluido el Estado, no pueden dejarse como efectos colaterales. Las tierras arrebatadas a tenedores o propietarios, representan cantidades de dinero incalculable, pero la justicia de los hombres debe estar dispuesta a castigar a los perpetradores recuperando los derechos para sus legítimos dueños. Las vidas no solo no se podrán recuperar, sino que el valor de esos seres humanos que murieron con dignidad por defender sus principios será un patrimonio, que les quedará con orgullo a sus familiares y amigos, pero que el país perdió como capital social igualmente invaluable. Aún aquellas víctimas que lo fueron, sin estar involucradas en acciones de defensa de los derechos básicos, y que cayeron en el fuego cruzado o sacrificados como supuestos guerrilleros o traficantes, deben ser compensadas, pues era deber del Estado proteger “su vida, honra y bienes”, y desgraciadamente fueron las autoridades las que los utilizaron como carne de cañón para presentar “éxitos” en la lucha antisubversiva. Cuantas veces la policía y el ejército omitieron intervenir en acciones de paramilitares, con lo que se hicieron cómplices de esas acciones, y ahora se pretende que el Estado no quiere ni puede compensar a esas gentes.
Mientras se les entregan generosos subsidios a quienes se desmovilizan y se gasta dinero a manos llenas en reuniones internacionales y eventos propagandísticos, para quienes huyen del terror no hay ayudas, porque supuestamente no hay el dinero para compensarlos. Se invita a príncipes y princesas a hablar de las víctimas del terror y se traen ejemplos de sufrimiento de personas que perdieron familiares en las Torres Gemelas de Nueva York o en Mozambique y otros lugares del África, pero hay muy poco espacio para nuestros propios atormentados desterrados. Las víctimas colombianas no son iguales a los americanos sacrificados en el ataque aéreo. Nuestros conciudadanos vivieron no minutos de terror, sino años de miedo, amenazas y abusos, frente a los cuales las autoridades mostraron total indiferencia.
A las víctimas en Colombia se les han ofrecido compensaciones, ayudas temporales y se las ha ilusionado con la idea que tendrán verdad, justicia y reparación, sin embargo como lo señalara el senador Juan Fernando Cristo a los congresistas les preocupa más darle una salida a los victimarios, que brindarle una oportunidad de reconstruir sus vidas a las víctimas. Mientras unos son protegidos por leyes complacientes, los otros deben ocultarse en barriadas temerosos de que sean encontrados y corran la misma suerte que sus parientes.
Las víctimas deben tener un reconocimiento social enorme y no solo legilativo, porque recuperar su capacidad de trabajo, su iniciativa, sus condiciones de vida no solo es un derecho que ellos tienen, sino que sería la única forma de reconstruir una red social que genere de nuevo trabajo, satisfacción e ilusiones en las comunidades que fueron víctimas del terror. Las opciones de vida de las víctimas son las opciones para que el país renazca con la fuerza de todos a quienes les arrebataron ilusiones, propiedades y una vida decente. La recuperación de la dignidad de las víctimas nos llevara a recuperar la dignidad como país. Ahora más que nunca hay que volver a gritar con Gaitán: “Por la restauración moral de la República: Adelante”
lunes, 22 de junio de 2009
No hay mal que por bien no venga
La semana pasada el honorable Congreso de la República decidió rechazar el proyecto de ley de víctimas, que había sido banalizado, alterado, manipulado y reducido en su impacto, por la gestión de los opositores a la iniciativa. Después de un llamado de la Casa Nariño, en solo cuatro horas se archivo el proyecto con los votos de las mayorías que respaldan al presidente.
Es una lástima que las víctimas de la guerra que ha vivido el país no cuenten con una norma que alivie, aunque sea de manera parcial, el sufrimiento a que han sido sometidas familias de campesinos, comunidades enteras amenazadas por el terror y líderes comunitarios que luchaban por justicia, derechos humanos y condiciones de trabajo dignas. Pero a la vez una ley incompleta, discriminatoria y sin dientes, sería también un engaño para quienes han cargado con la pena de perder sus seres queridos, sus propiedades, sus trabajos, sus raíces culturales y su calidad de vida.
A la vez una ley que el gobierno no está interesado en ejecutar a conciencia y con responsabilidad, tampoco podrá satisfacer las enormes demandas que hacen las víctimas. La sola expropiación de vidas y bienes por los actores armados, incluido el Estado, no pueden dejarse como efectos colaterales. Las tierras arrebatadas a tenedores o propietarios, representan cantidades de dinero incalculable, pero la justicia de los hombres debe estar dispuesta a castigar a los perpetradores recuperando los derechos para sus legítimos dueños. Las vidas no solo no se podrán recuperar, sino que el valor de esos seres humanos que murieron con dignidad por defender sus principios será un patrimonio, que les quedará con orgullo a sus familiares y amigos, pero que el país perdió como capital social igualmente invaluable. Aún aquellas víctimas que lo fueron, sin estar involucradas en acciones de defensa de los derechos básicos, y que cayeron en el fuego cruzado o sacrificados como supuestos guerrilleros o traficantes, deben ser compensadas, pues era deber del Estado proteger “su vida, honra y bienes”, y desgraciadamente fueron las autoridades las que los utilizaron como carne de cañón para presentar “éxitos” en la lucha antisubversiva. Cuantas veces la policía y el ejército omitieron intervenir en acciones de paramilitares, con lo que se hicieron cómplices de esas acciones y ahora se pretende que el Estado no quiere ni puede compensar a esas gentes.
Mientras se les entregan generosos subsidios a quienes se desmovilizan y se gasta dinero a manos llenas en reuniones internacionales y eventos propagandísticos, para quienes huyen del terror no hay ayudas, porque supuestamente no hay el dinero para compensarlos. Se invita a príncipes y princesas a hablar de las víctimas del terror y se traen ejemplos de sufrimiento de personas que perdieron familiares en las Torres Gemelas de Nueva York o en Mozambique y otros lugares del África pero hay muy poco espacio para nuestros propios atormentados desterrados. Las víctimas colombianas no son iguales a los americanos sacrificados en el ataque aéreo. Nuestros conciudadanos vivieron no minutos de terror, sino años de miedo, amenazas y abusos, frente a los cuales las autoridades mostraron total indiferencia.
A las víctimas en Colombia se les han ofrecido compensaciones, ayudas temporales y se las ha ilusionado con la idea que tendrán verdad, justicia y reparación, sin embargo como lo señalara el senador Juan Fernando Cristo a los congresistas les preocupa más darle una salida a los victimarios, que darles una oportunidad de reconstruir sus vidas a las víctimas. Mientras unos son protegidos por leyes complacientes, los otros deben ocultarse en barriadas temerosos de que sean encontrados y corran la misma suerte que sus parientes.
Las víctimas deben tener un reconocimiento social enorme y no solo legilativo, porque recuperar su capacidad de trabajo, su iniciativa, sus condiciones de vida no solo es un derecho que ellos tienen, sino que sería la única forma de reconstruir una red social que genere de nuevo trabajo, satisfacción e ilusiones en las comunidades que fueron víctimas del terror. Las opciones de vida de las víctimas son las opciones para que el país renazca con la fuerza de todos a quienes les arrebataron ilusiones, propiedades y una vida decente. La recuperación de la dignidad de las víctimas nos llevara a recuperar la dignidad como país. Ahora más que nunca hay que volver a gritar con Gaitán: “Por la restauración moral de la República: Adelante”
Es una lástima que las víctimas de la guerra que ha vivido el país no cuenten con una norma que alivie, aunque sea de manera parcial, el sufrimiento a que han sido sometidas familias de campesinos, comunidades enteras amenazadas por el terror y líderes comunitarios que luchaban por justicia, derechos humanos y condiciones de trabajo dignas. Pero a la vez una ley incompleta, discriminatoria y sin dientes, sería también un engaño para quienes han cargado con la pena de perder sus seres queridos, sus propiedades, sus trabajos, sus raíces culturales y su calidad de vida.
A la vez una ley que el gobierno no está interesado en ejecutar a conciencia y con responsabilidad, tampoco podrá satisfacer las enormes demandas que hacen las víctimas. La sola expropiación de vidas y bienes por los actores armados, incluido el Estado, no pueden dejarse como efectos colaterales. Las tierras arrebatadas a tenedores o propietarios, representan cantidades de dinero incalculable, pero la justicia de los hombres debe estar dispuesta a castigar a los perpetradores recuperando los derechos para sus legítimos dueños. Las vidas no solo no se podrán recuperar, sino que el valor de esos seres humanos que murieron con dignidad por defender sus principios será un patrimonio, que les quedará con orgullo a sus familiares y amigos, pero que el país perdió como capital social igualmente invaluable. Aún aquellas víctimas que lo fueron, sin estar involucradas en acciones de defensa de los derechos básicos, y que cayeron en el fuego cruzado o sacrificados como supuestos guerrilleros o traficantes, deben ser compensadas, pues era deber del Estado proteger “su vida, honra y bienes”, y desgraciadamente fueron las autoridades las que los utilizaron como carne de cañón para presentar “éxitos” en la lucha antisubversiva. Cuantas veces la policía y el ejército omitieron intervenir en acciones de paramilitares, con lo que se hicieron cómplices de esas acciones y ahora se pretende que el Estado no quiere ni puede compensar a esas gentes.
Mientras se les entregan generosos subsidios a quienes se desmovilizan y se gasta dinero a manos llenas en reuniones internacionales y eventos propagandísticos, para quienes huyen del terror no hay ayudas, porque supuestamente no hay el dinero para compensarlos. Se invita a príncipes y princesas a hablar de las víctimas del terror y se traen ejemplos de sufrimiento de personas que perdieron familiares en las Torres Gemelas de Nueva York o en Mozambique y otros lugares del África pero hay muy poco espacio para nuestros propios atormentados desterrados. Las víctimas colombianas no son iguales a los americanos sacrificados en el ataque aéreo. Nuestros conciudadanos vivieron no minutos de terror, sino años de miedo, amenazas y abusos, frente a los cuales las autoridades mostraron total indiferencia.
A las víctimas en Colombia se les han ofrecido compensaciones, ayudas temporales y se las ha ilusionado con la idea que tendrán verdad, justicia y reparación, sin embargo como lo señalara el senador Juan Fernando Cristo a los congresistas les preocupa más darle una salida a los victimarios, que darles una oportunidad de reconstruir sus vidas a las víctimas. Mientras unos son protegidos por leyes complacientes, los otros deben ocultarse en barriadas temerosos de que sean encontrados y corran la misma suerte que sus parientes.
Las víctimas deben tener un reconocimiento social enorme y no solo legilativo, porque recuperar su capacidad de trabajo, su iniciativa, sus condiciones de vida no solo es un derecho que ellos tienen, sino que sería la única forma de reconstruir una red social que genere de nuevo trabajo, satisfacción e ilusiones en las comunidades que fueron víctimas del terror. Las opciones de vida de las víctimas son las opciones para que el país renazca con la fuerza de todos a quienes les arrebataron ilusiones, propiedades y una vida decente. La recuperación de la dignidad de las víctimas nos llevara a recuperar la dignidad como país. Ahora más que nunca hay que volver a gritar con Gaitán: “Por la restauración moral de la República: Adelante”
lunes, 8 de junio de 2009
¿Vamos a seguirles el juego?
La reciente ofensiva contra académicos, estudiantes e intelectuales se ha convertido en la más evidente muestra de intolerancia y persecución contra la oposición, que se haya registrado desde que asumió el presidente Uribe en el año 2002, y encuentra su paralelo, solo, en la ofensiva de Carlos Castaño durante los años 1997 a 1999, ocasión en la que cayeron figuras de la talla de Mario Calderón, Elsa Alvarado, Eduardo Umaña, Jesús Antonio Bejarano y Jaime Garzón.
La oposición se halla en este momento bajo presiones fuertes y ante importantes dilemas: mientras los esfuerzos por perseguir, bajo cualquier pretexto, a los contradictores del régimen se intensifican y se trata de atemorizar a las bases que han respaldado los movimientos disidentes, parece tener éxito la estrategia de dividir a los movimientos contrarios a la reelección y la continuidad de una política anti-popular , corrupta y conciliadora con los elementos que han atentado contra la estabilidad del Estado y la armonía social.
Las pruebas de la existencia de una alianza entre autoridades, políticos y paramilitares ya nadie las discute, hasta el punto que hoy, lo que buscan los partidos de gobierno, es neutralizar la continuidad de las investigaciones y reducir el impacto de los fallos contra quienes rodearon al presidente durante una campaña a todas luces marcada por el dinero y las balas. La compra de votos en el congreso para la aprobación de la primera reelección de Uribe no puede, a estas alturas, ser negada (independiente de quién lo haya llevado a cabo), y la segunda ha venido marcada por acusaciones de utilización de dineros de dudosa procedencia y manipulación del contenido de la propuesta de referendo.
Si había dudas acerca de los beneficios que recibían de manera generosa los amigos del gobierno con nombramientos, contratos e información privilegiada, con el “veloz enriquecimiento” de los hijos del primer mandatario quedó al descubierto cómo es que se pretende mejorar la “confianza inversionista” y “fomentar el empresariado”. Los favores, que no necesitan ser ilícitos para ser motivo de preocupación, se construyen desde unas especiales relaciones con las multinacionales y el gran capital (Bavaria) hasta una conveniente sociedad con funcionarios locales, que a su vez se ve retribuida con facilidades para poder gestionar ante las entidades nacionales licencias, autorizaciones y un marco normativo apropiado para el negocio en proceso.
Las chuzadas telefónicas no son algo nuevo en Colombia, y la oposición sí que lo sabe, pues ha sido su víctima durante muchos años, sin embargo la confirmación de que esa estrategia ha sido orquestada desde la casa presidencial, con la colaboración del Ministerio de Hacienda y del más importante organismo de seguridad del Estado (DAS), contra autoridades judiciales, periodistas, políticos y otros opositores, demuestra a las claras que los métodos que se pretende utilizar, en esta guerra arrasadora. son múltiples y que no existe reato moral para utilizarlos.
Las entidades que debían servir de contrapeso al ejecutivo han dejado de ser independientes y hoy están llenas de funcionarios nombrados por el presidente o su bancada en el Congreso, que le hacen el juego a las intenciones de acallar la oposición e impedir cualquier conato de resistencia. Organismos que los constituyentes imaginaron independientes y multipartidistas hoy, no solo no se atreven a contradecir al ejecutivo, sino que en este momento son consecuentemente uribistas. ¿Qué clase de contrapeso pueden ejercer? ¿A dónde podrán ir los colombianos maltratados por este gobierno a quejarse? ¿Puede haber una justicia y un legislativo que representen la multifacética estructura cultural, económica y social colombiana en estas condiciones?
¿No son estas, así no sea una recopilación exhaustiva, razones suficientes para que las bases populares y los movimientos, que no están de acuerdo con estos comportamientos en las más altas instancias del gobierno, se empeñen desde ya en una campaña aglutinadora de las fuerzas dispersas y en una necesaria unión en torno a principios generales del manejo del Estado, que se opongan al ejemplo que ha dado Álvaro Uribe y sus cómplices? Primero pongámonos de acuerdo en lo fundamental y luego veremos quién es el candidato: no empecemos por el final.
La oposición se halla en este momento bajo presiones fuertes y ante importantes dilemas: mientras los esfuerzos por perseguir, bajo cualquier pretexto, a los contradictores del régimen se intensifican y se trata de atemorizar a las bases que han respaldado los movimientos disidentes, parece tener éxito la estrategia de dividir a los movimientos contrarios a la reelección y la continuidad de una política anti-popular , corrupta y conciliadora con los elementos que han atentado contra la estabilidad del Estado y la armonía social.
Las pruebas de la existencia de una alianza entre autoridades, políticos y paramilitares ya nadie las discute, hasta el punto que hoy, lo que buscan los partidos de gobierno, es neutralizar la continuidad de las investigaciones y reducir el impacto de los fallos contra quienes rodearon al presidente durante una campaña a todas luces marcada por el dinero y las balas. La compra de votos en el congreso para la aprobación de la primera reelección de Uribe no puede, a estas alturas, ser negada (independiente de quién lo haya llevado a cabo), y la segunda ha venido marcada por acusaciones de utilización de dineros de dudosa procedencia y manipulación del contenido de la propuesta de referendo.
Si había dudas acerca de los beneficios que recibían de manera generosa los amigos del gobierno con nombramientos, contratos e información privilegiada, con el “veloz enriquecimiento” de los hijos del primer mandatario quedó al descubierto cómo es que se pretende mejorar la “confianza inversionista” y “fomentar el empresariado”. Los favores, que no necesitan ser ilícitos para ser motivo de preocupación, se construyen desde unas especiales relaciones con las multinacionales y el gran capital (Bavaria) hasta una conveniente sociedad con funcionarios locales, que a su vez se ve retribuida con facilidades para poder gestionar ante las entidades nacionales licencias, autorizaciones y un marco normativo apropiado para el negocio en proceso.
Las chuzadas telefónicas no son algo nuevo en Colombia, y la oposición sí que lo sabe, pues ha sido su víctima durante muchos años, sin embargo la confirmación de que esa estrategia ha sido orquestada desde la casa presidencial, con la colaboración del Ministerio de Hacienda y del más importante organismo de seguridad del Estado (DAS), contra autoridades judiciales, periodistas, políticos y otros opositores, demuestra a las claras que los métodos que se pretende utilizar, en esta guerra arrasadora. son múltiples y que no existe reato moral para utilizarlos.
Las entidades que debían servir de contrapeso al ejecutivo han dejado de ser independientes y hoy están llenas de funcionarios nombrados por el presidente o su bancada en el Congreso, que le hacen el juego a las intenciones de acallar la oposición e impedir cualquier conato de resistencia. Organismos que los constituyentes imaginaron independientes y multipartidistas hoy, no solo no se atreven a contradecir al ejecutivo, sino que en este momento son consecuentemente uribistas. ¿Qué clase de contrapeso pueden ejercer? ¿A dónde podrán ir los colombianos maltratados por este gobierno a quejarse? ¿Puede haber una justicia y un legislativo que representen la multifacética estructura cultural, económica y social colombiana en estas condiciones?
¿No son estas, así no sea una recopilación exhaustiva, razones suficientes para que las bases populares y los movimientos, que no están de acuerdo con estos comportamientos en las más altas instancias del gobierno, se empeñen desde ya en una campaña aglutinadora de las fuerzas dispersas y en una necesaria unión en torno a principios generales del manejo del Estado, que se opongan al ejemplo que ha dado Álvaro Uribe y sus cómplices? Primero pongámonos de acuerdo en lo fundamental y luego veremos quién es el candidato: no empecemos por el final.
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