Por Héctor
Alfonso Otero Moreno
La demagogia
alrededor de las víctimas del conflicto, va de manera gradual saturando a la
población y dejando atrás un mal sabor, que saca a relucir la falta de interés
de los políticos de todas las orientaciones y los funcionarios del gobierno por
reconstruir y darle una nueva cara al país.
Los gestos de contrición verdadera y de perdón efectivo, salen a relucir
a cada paso y la intransigencia sigue siendo la moneda de cambio de las
discusiones acerca del Acuerdo de Paz.
¿Por qué no
decir la verdad acerca de las posibilidades de reconstitución del tejido
social? La tarea es descomunal y en
ningún caso depende solo de desarrollar el campo o de abrirle posibilidades de
participación a nuevos sectores políticos (que lo más probable es que terminen
actuando exactamente como los actuales “padres de la patria”). Es un cambio sustancial en la forma de trabajar
la cotidianeidad en un mundo globalizado.
Se dice fácil, pero la verdad es muy complejo. ¿Cuál será el papel de las comunidades
locales, de las organizaciones populares y de los grupos de productores dispersos? De acuerdo con los acuerdos las
organizaciones comunitarias y la economía solidaria deben privilegiarse, el
Consejero para el posconflicto ha afirmado que las juntas comunales jugarán un
papel primordial en la reconstrucción de las economías locales. Sin embargo, después de un prolongado
conflicto que sembró desconfianza en todas las organizaciones comunitarias que no estuvieran dominadas por los
combatientes, y convirtió en agentes de guerra a las que se identificaron con
ellos, la situación de las organizaciones populares es muy precaria en el país.
¿Seguiremos
con una política de víctimas que promueve más la mendicidad que la autogestión?
La opción para quienes han pasado por el sufrimiento de la pérdida de sus seres
queridos, de tener que recoger sus pocos trastos para salir corriendo, de
rescatar a sus mujeres del abuso de sus captores, de buscar a sus hijos
involucrados en una guerra que no eran capaces de entender, es recibir un
cheque, un albergue o una capacitación superficial y a todas luces
inapropiada. Estos mecanismos siguen
generando dependencia económica y emocional, generan división al interior de
las comunidades, premian al gestor local y no alivian a las verdaderas víctimas,
que siguen buscando su lugar en un país que les ha dado la espalda.
¿Retorno y
restitución de tierras? Qué garantías puede tener una víctima, acerca de que
los victimarios, que nunca fueron derrotados (ni unos, ni otros) y ahora andan
libres y son poderosos señores, no seguirán discriminándolos, señalándolos y atormentándolos
de mil maneras. ¿Ya ha cambiado tanto el país como para haberlo olvidado todo? No siempre las víctimas buscan la verdad, la
recordación de hechos atroces y vergonzosos, no es para nada algo que se quiera
rememorar y mucho menos frente a desconocidos.
La experiencia dolorosa y realizada con la sevicia de unos combatientes
sin misericordia y que conscientemente hieren donde más duele, no se quiere
revivir, repetirla, así sea oralmente, con frecuencia es revictimizar a quienes
ya han sufrido más allá de lo imaginable.
La única
gestión viable, en el manejo de víctimas,. es un programa nacional que se base
en reconstruir la dignidad y recuperar la seguridad de los entornos en que
viven las personas desplazadas, aquellas que desean regresar o las que quieren
reubicarse. Debemos reconocer en primer
lugar la heterogeneidad de quienes han sido afectados por el conflicto, identificar
sus falencias y sus capacidades, explorar
sus preferencias en materia de ubicación física y propósitos vitales, establecer
sus necesidades capitales y encontrar los obstáculos para poder superar la
falta de pertenencia en cada caso. Solo
con una atención que tenga en consideración estas variables permitirá realmente
reconstituir el tejido social desde la base y darle vida a las localidades más
azotadas por la violencia