Por Héctor A. Otero
A veces se deja uno confundir con expresiones de verdadero
valor y decisión de nuestro pueblo, y llegamos a emocionarnos pensando que la sumisión
y el conformismo están empezando a desaparecer.
Pero después de unos días de euforia, se despejan las apariencias y
descubrimos un pueblo asustadizo, conformista y cobarde. Las protestas, movilizaciones y expresiones
de inconformismo se debilitan y la necesidad de volver a la rutina, a resolver
el problema primario de la alimentación y el pago de las cuentas, se vuelve la
razón de vivir. De lado quedan la
indignación frente a la pena de muerte que recorre el país, sin juicios ni
avisos previos, caen líderes sociales y guerrilleros desmovilizados, jueces y
académicos, periodistas y reclamantes de tierras.
Tampoco importa que las autoridades se burlen de las
demandas populares legislando con amaños en el congreso y emitiendo normas que
favorecen los intereses de los empresarios cercanos al gobierno y afectan el
bolsillo de las mayorías. Las fuentes de
financiación del gobierno, se convirtieron en una solo para garantizar que los
proyectos que obtengan recursos no sean los pequeños o medianos (que
dispersarían los recursos en pequeñeces), sino los que representan los
intereses de los grandes inversionistas y las multinacionales, que vienen a
hacer su agosto, con proyectos inflados en presupuesto y técnicamente
incompletos.
La corrupción galopante tampoco encuentra trabas, y por el
contrario, a los parlamentarios a quienes se les han demostrado delitos, son
protegidos por normas cada vez más generosas, casa por cárcel, centros
recreacionales como prisión alternativa (jaulas de oro) y muchos otros beneficios,
y la gente acepta este tipo de tratos. Muchos funcionarios que han recibido dádivas
de los contratistas o firmado contratos con multinacionales que han incumplido
sus obligaciones (Odebrecht) son tratados con consideración y respeto (A. F.
Arias a. Uribito). Debemos pagar la mala
administración de las empresas de la Costa Atlántica todos los colombianos,
cuando se debería llamar a responder a las empresas españolas, que malversaron
los recursos de Electricaribe.
Cientos de elefantes blancos (obras sin terminar) por todo
el país, como monumentos al despilfarro, la ineptitud y el descaro de los
funcionarios de todos los niveles, se nos cruzan en el camino a la escuela, al
trabajo o a la universidad, y preferimos ignorar lo que sucede, ya que no se
puede hacer nada. Justo lo que los
corruptos quieren que pensemos, justo lo que nos debía llevar a actuar, justo
lo que va seguir sucediendo si no hacemos algo.
Mientras el 70% de la población en edad de trabajar no tiene
trabajo fijo, ni prestaciones, ni seguridad social, ni vivienda digna, los
legisladores elevan sus salarios y los de los funcionarios de alto rango, a
niveles que son 33 veces lo que gana el trabajador promedio. Tienen pasajes
aéreos gratis, les pagan el celular, la gasolina de los carros, les asignan vehículos para su transporte y
hasta el de la familia, además de los escoltas.
Tienen empleados pagados por el Estado para que trabajen para ellos,
oficinas dotadas y recursos para el desempeño de su labor. Mientras tanto a los trabajadores que son
contratados por orden de servicios, les toca pagar la seguridad social antes de
recibir un centavo por su trabajo y deben esperar a que les paguen cuando el
contratante tenga tiempo de firmar los papeles.
Como si esto fuera poco, la justicia, en la que quizá podría
existir una esperanza, para que se equilibren las cargas, encontramos carteles
y mafias que se encargan de demorar los trámites, de negociar las sentencias y
evadir las sanciones para los grandes delincuentes. Las fuerzas de los carteles de la justicia
han llegado a tal punto, que han dejado a la Corte Suprema de Justicia al borde
de la inacción, pues los intereses de las diferentes fuerzas no permiten llegar
a arreglos viables que permitan el funcionamiento de la Fiscalía y del propio alto
tribunal. El sentido de servicio a la
patria, está muy por debajo de los intereses individuales y de grupo. Por ahora
la justicia está enredada en sus propios líos mientras el país sufre de uno de
sus peores momentos en materia de inseguridad, delincuencia y desprotección al
ciudadano.
Estos son solo algunas de las razones por las que habría de
salir de nuevo a la calle, y pensar en la necesidad de construir un movimiento
nuevo, que supere las mediocres vanguardias que hasta ahora se han constituido
con un horizonte electorero y mediador.
Se requiere un cambio en especial en las estructuras de poder. Ni el legislativo está cumpliendo su tarea a
conciencia, ni el judicial tiene elementos para aplicar justicia, y el
ejecutivo, que pena, pero da risa.
