Poderes alternos en Colombia

por HÉCTOR A. OTERO
Las recientes revelaciones de los mayores criminales de la historia colombiana, los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Salvatore Mancuso, Ramón Isaza, “HH”, “Don Berna”, “Jorge 40”, Hernán Giraldo y otros) acerca de su intención de convertirse en un nuevo poder de facto en Colombia, confirman lo que ya muchos analistas habían sostenido. El paramilitarismo ha sido una apuesta de los grupos más poderosos del país, no solo para eliminar a quienes les podían generar cierta percepción de inseguridad y zozobra, sino para controlar sin problemas sus posesiones y asegurar un entorno político y social más dócil y sumiso. ¿Cómo pudo una mayoría de colombianos aceptar el rampante crecimiento de una minoría soberbia y despiadada, que llegó a controlar por el miedo inmensas regiones del país?, pero también centros de decisión vitales como los gobiernos regionales y las administraciones locales, e inclusive mantener una representación política en el Congreso de la República? La respuesta es compleja y requiere remontarse un tanto en nuestra historia reciente. Las organizaciones antisubversivas o los grupos de autodefensa no son nada nuevo en la historia colombiana. Desde largo tiempo atrás, los militares y los organismos de seguridad del Estado, asesorados por oficiales formados en las academias militares norteamericanas, propusieron dar apoyo a las organizaciones campesinas que se oponían a los grupos guerrilleros y que además conocían el terreno tan bien o mejor que los subversivos. Se consideraba que estas organizaciones podían responder más rápidamente y con mayor precisión a las agresiones de los subversivos. Pero la importancia que estos grupos adquirieron en nuestro país no se compara con las experiencias de ningún otro país de este hemisferio. ¿Cuál fue el elemento que le dio fuerza y potenció las organizaciones antisubversivas en Colombia? Sin lugar a dudas, la respuesta se encuentra en un elemento particular de la estructura social colombiana: el narcotráfico. La guerrilla en su afán por obtener ganancias crecientes con el secuestro amenazó no solo a los grandes propietarios de tierras, sino que también tocó los intereses de aquellos nuevos propietarios, que con las ganancias del tráfico ilícito empezaban a convertirse en una clase emergente, asociada con mecanismos violentos de ajustes de cuentas. De esa manera, cuando la guerrilla empezó a tocar sus intereses, estos no se fueron por las ramas, sino que organizaron sus propios grupos de autodefensa, que llegaron a poner en jaque a diversos grupos subversivos. Corrían los primeros años de la década de los ochenta del siglo pasado, cuando el negocio de los narcóticos se abría como una posibilidad inmensa de hacer ganancias de manera rápida. Los capos invertían en tierras y propiedades urbanas, pero veían que la inseguridad en el campo y la inconformidad de muchos sectores en las ciudades se convertían en elementos de incertidumbre, para sus inversiones y el futuro de su negocio. Los equipos de ajustes de cuentas del narcotráfico eran grupos pequeños de asesinos o matones, que garantizaban a sus patrones que las transacciones acordadas se cumplieran, so pena de causarle dolor y sufrimiento a quienes habían incumplido con las tareas específicas del ciclo de producción o distribución de la droga a las que se habían comprometido. Quienes incumplían eran considerados “faltones”, traidores y desleales, que se exponían a ser víctimas de los maltratos y vejaciones en los que eran expertos esos grupos de sicarios. A medida que el negocio de la droga prosperó y las propiedades y negocios fueron creciendo, se generó la necesidad de calificar esos grupos, ya no solo para el “ajuste de cuentas”, sino también para vigilar las propiedades y mantener a raya a quienes se veían como enemigos potenciales de sus intereses. El gobierno de Belisario Betancur Cuartas (1982-1986) propuso unos acuerdos de paz que buscaban aclimatar la convivencia ciudadana, atrayendo a diversos grupos subversivos a la mesa de negociación. Esta actitud no fue vista con buenos ojos por muchos militares, propietarios de tierras y políticos, que consideraban que ceder ante la subversión era síntoma de debilidad. La izquierda legal había conformado un frente llamado la Unión Patriótica –UP-, al que en algún momento se adhirieron militantes reconocidos de las FARC, y este movimiento político se convirtió en el núcleo visible de la inconformidad y la oposición al gobierno. Las organizaciones guerrilleras vieron la negociación como una oportunidad de fortalecerse militar y políticamente y de esa forma llegar a un acuerdo en el que pudieran demostrar fuerza y poder local. Durante los cuatro años del gobierno de Betancur se lograron algunos avances en la negociación con grupos subversivos, pero a la vez se vinieron al suelo muchas ilusiones, al recibir el gobierno golpes fuertes que dieron al traste con la política de paz. Uno de los hechos más visibles y recordados fue la toma del Palacio de Justicia por el M-19 en noviembre de 1985, acción en la que murieron prácticamente todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pero no fue solo el M-19 el que acabó con las ilusiones de paz del gobierno y algunos de sus miembros, sino que tampoco los otros grupos, como las FARC, el ELN, el EPL y otros, dieron muestras de su voluntad de paz. En estos años, en regiones como Segovia y Urabá, en Antioquia y Puerto Boyacá en el Magdalena Medio, se empezaron a conformar grupos de autodefensa que se dedicaban a limpiar de subversivos y auxiliadores de la guerrilla. El avance electoral que la Unión Patriótica –UP- había mostrado en esas regiones, fue motivo para que los hacendados de estas regiones, junto con los militares, apoyaran los grupos de campesinos en armas. Los narcos que habían sido víctimas del secuestro, conformaron en esa época el MAS –Muerte a Secuestradores- que se convirtió en el terror de los grupos subversivos, pues le dieron golpes muy fuertes, al pagarles con la misma moneda: secuestro que realizaban los guerrilleros era contestado con un secuestro de familiares de los guerrilleros o poniendo en manos de las autoridades a reconocidos militantes de los grupos guerrilleros. Todas estas iniciativas crearon un ambiente de pugnacidad generalizado, y las acciones tanto de la guerrilla como de las autodefensas fueron escalando, hasta que tanto de un lado como del otro, se extendió un verdadero baño de sangre, la UP vio caer bajo las balas y los atentados a numerosos militantes, pero a la vez, muchos líderes del gobierno, como el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, y el hermano del presidente, Ignacio Betancur Cuartas, fueron víctimas de los violentos. En agosto de 1986 asume la presidencia de la república Virgilio Barco Vargas, quién a pesar de los fracasos de Betancur sigue la línea de buscar acuerdos de paz con la guerrilla, las autodefensas que se habían creado por parte de los narcotraficantes (MAS) y los grupos de esmeralderos, terratenientes y militares descontentos con el nuevo proceso de paz, empiezan a formar verdaderos ejércitos de sicarios, que ya no solo trabajan para los narcotraficantes en el “ajuste de cuentas”, sino que empiezan a hacer trabajos por encargo, que incluían la eliminación de personas que le estaban haciendo la vida incomoda a los narcos y a los dueños de tierras. Los grupos que se habían creado en el Magdalena Medio y que tenían escuelas de formación con expertos internacionales, que aleccionaban a los cuadros de los grupos de derecha empezaron a reproducir el esquema en regiones como el Urabá, el Huila y el Cauca. Aparece lo que hemos llamado el outsoursing de las autodefensas o masacres por encargo. Los sicarios formados por mercenarios de diferentes orígenes, que habían recibido instrucción militar y tácticas anti-guerrillas en el Magdalena Medio, con el auspicio de personajes como Rodríguez Gacha “El Mexicano”, Pablo Escobar y Carlos Lehder, aceptaron desarrollar actividades similares a las que ya se les conocían en su región. Las autodefensas del Magdalena Medio participaron en diferentes masacres que tuvieron lugar en el norte de Antioquia: La Chinita, Honduras, El Tomate y La Negra son recordadas en la zona como genocidios en los que cayeron numerosos militantes de los grupos de izquierda, legales e ilegales. De otra parte, la escalada de asesinatos de los grupos de autodefensas desató una andanada de crímenes por parte de los grupos guerrilleros, y como en una gran partida de ajedrez, los peones iban cayendo, luego los alfiles, las torres y esta las damas. Numerosos periodistas, profesores, intelectuales cayeron muertos en una guerra, en que los actores armados golpeaban a quienes suponían tener conexiones con el bando contrario. Se extendió el uso del secuestro, tanto para obtener rescates que mejoraran las finanzas de los grupos armados, como para hacer exigencias en materia política. En esta guerra cruel cayeron desde modestos dirigentes sindicales hasta candidatos presidenciales, hijas de ex presidentes y periodistas. El fuego cruzado no distinguía el color de las víctimas, y como si este cuadro no fuera suficiente, los narcotraficantes le declararon la guerra al Estado y empezaron a estallar bombas en los lugares más diversos: desde la sede central de DAS hasta centros comerciales, en los que las víctimas eran toda clase de ciudadanos: niños, ancianos, inválidos, caminantes, turistas, compradores, vendedores, vigilantes, empleadas de servicio, toda clase de gente. El terror se generalizó, y hasta los negocios nocturnos empezaron a sentir en sus ingresos el ambiente de terror e incertidumbre que se instalaba en el territorio nacional. En medio de la violencia, se logró firmar la paz con el M-19 y con algunas fracciones de otros grupos. En 1991, un año después de iniciado el gobierno de Cesar Gaviria, se convoca a una gran Constituyente, que durante seis meses discute las bases de la normativa global de la nación. En esta gran sesión los constituyentes se dividen en tres grupos: liberales, representantes del Movimiento de salvación nacional de Álvaro Gómez Hurtado y la representación del M-19 y sus aliados. Las tres fracciones tienen un número similar de representantes y el resultado final es una nueva Constitución que define el papel del estado y las obligaciones y los derechos de los ciudadanos. Ese mismo año se entrega a las autoridades Pablo Escobar Gaviria, hasta ese momento el narcotraficante más poderoso del país, y principal figura del cartel de Medellín, quién a pesar de estar en una guerra a muerte con el cartel de Cali, decide entregarse a las autoridades, no sin antes asegurarse, que su lugar de reclusión le ofrecería todas la garantías que necesitaba. El momento parecía ofrecer las posibilidades de paz que nunca se habían tenido en periodos anteriores. Algunos grupos de autodefensas inician desmovilizaciones y el gobierno empieza a negociar con los líderes del cartel de Cali. El momento de ilusión y optimismo pronto se vio truncado con la noticia de que Pablo Escobar, en julio de 1992, se fuga de la cárcel y se descubre que en su propio lugar de reclusión el capo había no solo seguido administrando sus negocios, sino que inclusive había mandado asesinar a algunos de sus socios, con los que tenía diferencias. Tras su fuga la ola de atentados con bombas y de secuestros de personalidades, toma nueva fuerza, y entre esa fecha y diciembre de 1993, el país vive la peor ola de atentados terroristas que haya vivido un país de Latinoamérica. A finales de ese año Pablo Escobar cae abatido en su escondite en Medellín y la guerra contra el narcotráfico parece tomar un nuevo rumbo, en el que las autoridades parecieran tener la sartén por el mango. Las condiciones internacionales parecían también favorables, pues un gobierno de los demócratas norteamericanos se iniciaba, con Bill Clinton a la cabeza, y el Consenso de Washington parecía ofrecer nuevas posibilidades a las economías latinoamericanas. Un gran paquete de reformas en aspectos financieros y de políticas sociales, se encontraba listo para ser presentado, y pronto la reforma laboral, la de pensiones, la de los sistemas de salud, la de fomento a la vivienda y muchas otras se impusieron. El contenido esencial en todas ellas era una disminución del papel del Estado: las poderosas instituciones gubernamentales perdieron poder, se redujeron o eliminaron y buena parte del manejo de estos sistemas se entregó a través de diferentes modalidades al sector privado. La función del Estado como garante de la calidad de vida de los ciudadanos y principal oferente de servicios públicos se fue diluyendo, y los usuarios quedaron en manos de los empresarios privados, que se antojaban en ese momento como proveedores más serios de esos servicios. La continuidad de estas reformas parecía garantizada con la elección de Ernesto Samper Pizano, representante del partido liberal (el mismo de Gaviria), sin embargo, este proceso electoral se vio empañado por acusaciones de la oposición, que aseguraban que el fuerte de la financiación de la campaña se había basado en recursos recibidos por el candidato de manos de los representantes del cartel de Cali (los hermanos Rodríguez Orejuela y sus aliados). Se inició lo que se conoció con el nombre de proceso 8.000, que mantuvo a la administración del presidente Samper, más ocupada con los litigios que se derivaron de este proceso, que de gobernar. Durante los cuatro años de ese periodo presidencial, la imagen del gobierno es vio seriamente cuestionada y su credibilidad cayó muy bajo. Los continuos episodios y acusaciones relacionadas con la proximidad del gobierno con los narcotraficantes y la entrega de algunos capos, así como la captura de otros, creó una situación de caos institucional, que fue aprovechada por los ejércitos ilegales para fortalecerse y cohesionarse. Hasta tal punto llegó la situación que las autodefensas, que estaban dispersas en unas pocas regiones empezaron a convertirse en un ejército con presencia en cada vez mas regiones. A la cabeza de los hermanos Castaño, las Autodefensas Unidas de Colombia se hicieron conocer y durante el año 1997 desarrollaron acciones violentas que todavía el país recuerda: las masacres de Mapiripán, Aguachica, Chigorodó, Colosó y otras más y los atentados contra dirigentes populares y funcionarios públicos fueron pan de cada día. Las campañas de erradicación de cultivos de drogas, a través de aspersiones aéreas, levantaban protestas, en especial en el sur del país, y se aseguraba que las movilizaciones eran organizadas por los grupos guerrilleros, en especial por las FARC. En los departamentos de Guaviare, Meta y Casanare, empiezan a aparecer grupos de autodefensas en especial en la zona de Puerto Gaitán y en los límites entre el Guaviare y el Meta. En julio de 1998 se da a conocer el “Acuerdo del Nudo de Paramillo”, por medio del cual algunos funcionarios del gobierno saliente, dirigentes gremiales y políticos de diferentes orientaciones proponían a los mandos de las AUC (Carlos Castaño y Salvatore Mancuso) un acuerdo de paz, que se reflejaba en una agenda de negociación entre la sociedad civil y los grupos irregulares. Era este un reconocimiento de la importancia política y militar que en ese momento tenían los grupos paramilitares. El acuerdo no prosperó y en cambio, al asumir el nuevo presidente, Andrés Pastrana Arango, propuso una agenda de paz con la guerrilla de las FARC, que los dirigentes de las AUC consideraron un retroceso en las negociaciones. La “zona de distensión” creada por el gobierno, se convirtió en un refugio para la guerrilla, que en ningún momento bajo la guardia: por el contrario, es en esta época cuando se inician los asaltos a puestos de control de las fuerzas armadas y el secuestro de militares. Las acciones de los paramilitares se multiplicaron y los diferentes frentes se consolidan en el Magdalena Medio, en Norte de Santander, en Nariño, en el Cesar y la Guajira, el Valle del Cauca e inclusive en las capitales departamentales, incluida Bogotá. Para finales de los años noventa del siglo pasado, el proyecto de unas Autodefensas Unidas de Colombia era una realidad, no solo existían frentes antisubversivos en todo el país, sino que ya operaban los frentes regionales como subsidiarias del proyecto nacional de los hermanos Castaño, y a su vez estas unidades se ofrecían en el mercado como franquicias que los narcotraficantes empezaron a valorar como instrumentos de negociación y poder locales. Las estructuras militares se convirtieron en elementos de apoyo para las campañas electorales, las alcaldías y gobernaciones en botín de guerra de los violentos y las poblaciones en aterrados testigos del surgimiento de un poder alterno violento e insensible a las necesidades de las mayorías. El ascenso al poder de Álvaro Uribe Vélez, con una clara mayoría de los votantes dio un portazo con el esfuerzo de las negociaciones de paz. Los abusos de las FARC durante el tiempo que estuvo vigente la “zona de distensión”, hicieron que las mayorías le dieran apoyo a un proyecto que tenía como eje central la recuperación de “seguridad”. La política del nuevo gobierno se orientó a recuperar las zonas que se encontraban en manos de los violentos. Por un lado se enfrentó a la subversión con toda la energía que tenía el Estado, mientras se empezó a negociar con las Autodefensas un acuerdo de desmovilización. La oferta era tan atractiva que las franquicias de las Autodefensas a nivel regional se valorizaron y diferentes narcotraficantes compraron los frentes antisubversivos para poder estar en la negociación de paz. Se estimaba que los paramilitares en armas serían alrededor de 12.000 hombres, sin embargo a la hora de desmovilizarse esa cifra se triplicó. Hoy se ha evidenciado que algunos de esos frentes fueron creados artificialmente para beneficiarse de las bondades de la negociación que ofrecía el gobierno. Los líderes de las Autodefensas al interior de la organización tuvieron diferencias importantes, que se tradujeron en enfrentamientos no solo verbales, sino en amenazas y, por último en la muerte del líder visible de las AUC: Carlos Castaño. Este dirigente se oponía a que se incluyeran en la negociación los capos que se habían vinculado a última hora con las Autodefensas. La mayoría de ellos eran narcotraficantes que buscaban beneficiarse de las rebajas de penas y de los beneficios que se estaban acordando para los combatientes. El poder de estos, sin embargo fue subestimado por el veterano combatiente y este error le costó la vida. Los comandantes de frentes de las AUC se entregaron con algunos de sus seguidores, y se comprometieron con el gobierno de Uribe a abandonar sus actividades delincuenciales, incluyendo el narcotráfico. Sin embargo, pronto se evidenció que, tal como lo había hecho Pablo Escobar, estos dirigentes seguían delinquiendo desde sus lugares de reclusión. La respuesta del presidente Uribe fue incumplir una de sus promesas de la negociación: la no extradición de los delincuentes. De un día para otro los principales dirigentes de las AUC fueron entregados a las autoridades norteamericanas que de inmediato presentaron los prontuarios contra cada uno de ellos. La historia de las AUC nos muestra como un pequeño grupo de mercenarios dispuestos a todo y sin ningún tipo de principios ni valores, puede llegar a ejercer un poder inmenso a través del terror y las alianzas. Veinte años bastaron para que de la nada surgiera y se consolidara un grupo de actores locales que se apropiaron de los presupuestos locales y regionales, tuvieron representación en el congreso y se plantearon “refundar la patria”. Hoy Salvatore Mancuso reconoce que la aspiración de esa organización era “tomarse el poder político total”. Las actuales declaraciones de los dirigentes de las AUC deben ser vistas con cautela, pues como hemos visto su intención era dominar política, económica y socialmente al país. De hecho se sentaron con los más poderosos actores del mundo político y económico, amenazando a algunos y aliándose con otros. El presidente Uribe es visto por los extraditados como un traidor de los acuerdos, por lo que no es extraño que hoy destapen buena parte de sus cartas para enlodar a sus colaboradores y al propio presidente. Sin embargo también es cierto que en los acuerdos que se hicieron bajo la mesa está la letra menuda de la negociación, que solo ahora venimos a conocer. Los ofrecimientos de una desmovilización limpia y comprometida han quedado al desnudo y los que se revela son deslealtades y acuerdos “non sanctos”, que tienen a ex ministros, asesores y directores de institutos a punto de la condena jurídica después de pasar por el oprobio de la humillación pública. Los poderosos funcionarios del anterior gobierno hoy se muestran como acomodados negociadores, que manipulaban la realidad para beneficiarse personalmente o para dar apariencia de transparencia a un gobierno que dista mucho de haber puesto todas sus cartas sobre la mesa. Aunque están en las cárceles norteamericanas, los líderes de las autodefensas continúan siendo actores de primera línea en la política colombiana, y todos los días nos encontramos con nuevas sorpresas que denotan el poder que llegaron a tener. Sus denuncias acerca del complot contra la Corte Suprema de Justicia, su reconocimiento a los servicios que el DAS les prestaba, del apoyo que les proporcionaban multinacionales y grandes empresarios son solo píldoras de ese prolongado tratamiento que le van a dar a la sociedad colombiana con los secretos que están aún por develar. El poder alterno que representaron las AUC todavía nos deparará muchas sorpresas, y lo peor de todo es que la pesadilla aún no ha terminado. Hoy como sucesores de esos ejércitos actúan en diferentes regiones las Bandas criminales –bacrim-: Los Rastrojos, los Urabeños, el ERPAC, todos herederos de los paramilitares de Castaño. La prensa informa que estos grupos se han distribuido las regiones y controlan las rutas de exportación de la droga, mantienen las amenazas sobre la población y aspiran a renovar su poder político influyendo de manera ilegal en elección es y nombramientos de funcionarios. La historia del terror en Colombia no ha terminado y es importante adquirir consciencia de que la violencia de cualquier tipo le da vuelo a los ilegales. No es un llamado a encerrarse en el miedo, es una invitación a convertirse en actores de la paz, constructores de convivencia y armonía. Voy a cerrar con una cita de un mártir caído en esta absurda guerra de Colombia, monseñor Isaías Duarte Cancino, cuya muerte se acaba de conmemorar: “No podemos negar que también existen personas que no han podido superar la dinámica del odio y permanecen prisioneros de un pasado doloroso; es preciso aprender de las experiencias sufridas que sólo el amor construye mientras que el odio produce destrucción y ruina.”

PONENCIA PRESENTADA EN EL CONVERSATORIO DE PODERES ALTERNOS EN LA UNIVERSIDAD SANTO TOMAS DE VILLAVICENCIO

Israel y Hamas: Espiral Mortal

Mientras Israel confunda violencia militar con poder, permanecerá el conflicto. Hamas no será derrotado de esa manera. Nunca hasta ahora se ha derrotado una idea a través de la violencia. Un comentario del escritor israelí Amos Oz.

Junio 4 de 2010

Durante más de dos mil años los judíos solo conocieron el lenguaje de la violencia en forma de golpes, que iban dirigidos a ellos. Desde hace unas décadas estamos en condiciones de utilizar nosotros la violencia. Con frecuencia nos hemos entusiasmado con ese poder. Cuando enfrentamos un problema creemos que se puede resolver militarmente. Como se dice popularmente: el que solo tiene un martillo ve en cad problema una puntilla.

Antes de la creación del estado de Israel muchos judíos en Palestina no tenían muy claro donde estaban los límites de la violencia, creían que cualquier Meta se podí alcanzar con la violencia. Por suerte sabían muy bien los dirigentes políticos de la generación de los fundadores, como David Ben Gurion y Levi Eschkol, que la violencia debe tener límites, y se preocuparon por de nunca traspasar esos límites. Sin embargo desde la guerra de los seis días de 1967 Israel está obsesionado con la fuerza militar. El Mantra dice: Si no lo logramos con violencia, entonces deberemos usar más violencia.

El bloqueo a la franja de gaza es un producto típico de este enfoque. Detrás de esta visión está el equivocado supuesto de que Hamas puede ser derrotado con violencia militar y que en general el problema palestino solo puede ser solucionado con la fuerza.

Sin embargo Hamas no es solo una organización terrorista. Es una idea, una confundida fanática idea, nacida de incertidumbre y desesperanza de muchos palestinos. Hasta el momento nunca una idea ha sido derrotada a través de la violencia, tampoco por bloqueos ni ataques aéreos no enjambres de tanques artillados o cercos marinos. Para derrotar una idea se debe presentar algo mejor, una idea que sea más atractiva y aceptable. Israel solo podrá deshacerse de Hamas, cuando los palestinos se pongan de acuerdo acerca del establecimiento de un estado independiente (Jordania Occidental y Franja de Gaza en los límites de 1967) con la capital Jerusalén oriental.

Israel debe firmar un acuerdo de paz con Mahmud Abbas y su gobierno y de esa manera reducir el conflicto israelo-palestino a un conflicto entre Israel y la Franja de Gaza. Este conflicto solo podría ser resuelto a través de negociaciones con Hamas, o mejor con Hamas y la participación del Al Fatah de Abbas.

Y aún cuando Israel asalte cien barcos con destino a Gaza o mil veces ocupe militarmente la Franja de Gaza o envié fuerzas policiales y comandos especiales, el problema no se solucionará. El problema radica en que no estamos solos en esta tierra, ni los palestinas lo están No estamos solos en Jerusalén y tampoco los palestinos. Mientras nosotros, israelíes y palestinos no reconozcamos las lógicas consecuencias de este simple hecho, viviremos todos en un permanente estado de sitio- Gaza bajo un sitio israelí e Israel bajo un asedio árabe e internacional.

Yo no quiero poner en duda la importancia de la Fuerza. Para Israel es muy importante la fuerza militar. Sin ella no podríamos sobrevivir un día. Hay de la nación que considere la fuerza irrelevante. Sin embargo no podemos olvidar ni por un momento que la fuerza solo tiene sentido, cuando es preventiva- para evitar la eliminación y conquista de Israel, para proteger nuestra existencia y nuestra libertad. Todo intento de utilizar la fuerza militar de manera no preventiva, o sea para fines diferentes a la autodefensa, o como medio para hacer a un lado problemas o eliminar ideas, solo conducirá a más catástrofes, como aquella que hace poco tuvo lugar frente a las costas de Gaza, en alta mar y en aguas internacionales.


Extraído de Frakfurter Allgemeiner Zeitung
Traducción Héctor A. Otero

Post Data

Por acontecimiento de la vida cotidiana había renunciado a continuar tratando el tema de la violencia, pues me hicieron ver que en mi propia existencia y en mis ideas aún hay mucha aceptación y complacencia con este fenómeno. De hecho la frustración y la impotencia con frecuencia nos llevan actuar de manera violenta, lo que debieramos combatir y controlar, pero no es fácil. Estoy colocando este nuevo comentario, que no es mío, sino es la opinión de un ciudadano israelí, que se atreve a pensar diferente y que espero les permita reconocer y redimensionar el conflicto en el Medio Oriente

El Salado o la trivialización del sufrimiento

Por Héctor Alfonso Otero

La reciente campaña de la W que pretende dar a conocer y respaldar a los afectados con la masacre de El Salado, ha banalizado un hecho de la mayor gravedad y que, es evidente, resulta incomprensible para quienes parecen incapaces de meterse en el pellejo de las víctimas. Ni a los periodistas de la W, ni a muchos colombianos les ha tocado el corazón la terrible realidad por la que han pasado muchos de nuestros compatriotas. En contra de lo que dice el mensaje principal de la campaña en la voz de Sánchez Cristo, quién en tono de profeta sin mensaje, llama a imaginarnos lo que pasó en esas terribles horas, resulta muy difícil y hasta contraproducente repetir y volver a narrar una masacre, que solo pudo ser realizada por unos monstruos sin sentimientos y con unos objetivos rastreros. Esa masacre no es el único ejemplo de lo que fue el genocidio cometido de manera sistemática por los paramilitares. Nombres como Mapiripán, La Gabarra, La Chinita, El Aro, Chigorodó, son todas localidades por las que pasó la mano criminal de los asesinos más despiadados, crueles e insensibles de que se tenga registro.
Una tragedia como la que vivió el país, en una estrategia compuesta de amenazas, asesinatos, magnicidios, secuestros, terror, bombas y muchas otras acciones violentas, terminaron por obligar a millones de campesinos, sindicalistas, maestros, comerciantes y ciudadanos del común a abandonar sus pueblos, sus tierras, sus negocios y sus escasos bienes para salvar sus vidas. Las pérdidas de bienes fueron inmensas, pero lo peor fue el terror que impusieron los asesinos y que llevó a las víctimas a callar, aceptar y convivir con las acciones delincuenciales, sin defensa posible. La deliberada ausencia o displicencia de las autoridades se hizo evidente y la complicidad con los asesinos contribuyó a esparcir el miedo y la ciega obediencia a las órdenes de los ejércitos armados y de los soplones que denunciaban a sus enemigos con o sin justificación.
Los medios de comunicación les otorgaron el espacio a los comandantes de las Autodefensas para propagar sus justificaciones y divulgar con grandilocuencia su poderío y sus veladas amenazas. La población de estos poblados, en cambio, no tenía forma de divulgar su tragedia, ni de proteger a sus líderes: la indefensión era total y los victimarios podían avanzar a sus anchas, apropiarse de los bienes de la gente corriente, hacerse asignar los contratos de los gobiernos municipales, ubicar su gente en la administración y en las listas de los grupos políticos, que pronto se dieron cuenta que podían utilizar el dominio de esos grupos para sacar partido en la lucha electoral.
Débil favor se hace a las víctimas cuando se las entusiasma a regresar a sus tierras, cuando los asesinos y autores intelectuales andan sueltos y cuando en muchas regiones los ejércitos ilícitos se están recomponiendo. El problema de la propiedad del suelo no se ha resuelto, las expropiaciones no se han revertido y la verdad todavía es un caja de Pandora que si se abriera con seguridad salpicaría a demasiados auxiliadores por lo alto del paramilitarismo y beneficiarios de tráfico de drogas. Los altos mandos de las fuerzas armadas, dirigentes políticos, líderes regionales, representantes de empresas transnacionales y hasta algunas embajadas y consulados se descubrirían como los verdaderos inspiradores e impulsores de las bandas delincuenciales que fueron creadas no solo para responder a la guerrilla, sino también para eliminar a los líderes opositores y a todo disidente. La eliminación física de los opositores se cumplió con eficiencia y certeza, pero la campaña para extender el miedo a todos los antagonistas continúa, ya no son militantes de la UP, ni defensores de derechos humanos, ahora son los magistrados de las altas cortes, los políticos que luchan por una negociación de paz y por un país en el que se cumpla la Constitución y hasta los jóvenes que le dicen con sinceridad al presidente que tiene huevo.
Falta todavía mucho para que la mayoría de los colombianos entienda que el respaldo otorgado en las dos últimas elecciones a los políticos y a los partidos, que estuvieron detrás de todas estas acciones, es también una afrenta contra el sufrimiento de las víctimas.

La Violencia Terrorista del Estado se extiende a nivel mundial

Las víctimas de la violencia en la moderna sociedad cada vez resultan ser más frágiles e indefendibles: el asesinato de una mujer egipcia embarazada en un juzgado de Dresden, en Alemania, la muerte de un joven judío después de 24 días de torturas por extremistas de derecha franceses y el asesinato en la calle de una estudiante iraní por grupos de “basiji”, paramilitares que defienden el triunfo electoral del presidente Ahmadynejad, nos muestran como los asesinos racistas y defensores de la discriminación se encuentran protegidos por la autoridad, mientras los ciudadanos del común están sometidos cada día a una mayor inseguridad y son sujetos de ataques más violentos y aleves, sin que ello se refleje en sanciones proporcionales a los delitos cometidos. La impunidad sigue campante, no solo en África o América Latina, sino en los propios territorios de los países desarrollados.
Siguiendo el modelo de la dictadura de Myanmar (antigua Birmania), hoy se busca evitar que la prensa divulgue la realidad que viven los países en los que se mueven las conciencias para defender sus derechos. En Irán se prohíbe el accionar de los periodistas, en la provincia de Xinquiang en el occidente de China se impone una severa restricción a la información, en Honduras se persigue a los informadores independientes y ahora resulta que en los propios Estados Unidos de América bajo la estrecha vigilancia del vicepresidente Cheney, existía un programa secreto para eliminar supuestos terroristas.
El ataque a los medios de comunicación aunque cada vez más difícil para sus enemigos, dada la red mundial de información, que hoy conecta a todos los rincones del mundo, es tan fuerte que ésta se encuentra amenazada por el terror y la impunidad de los actores violentos del Estado. Es innegable el valor no solo de periodistas y disidentes individuales que mantienen sus denuncias y accionar, sin embargo las movilizaciones populares son sometidas al terror y por ello pierden efectividad. Esa es una verdad que entienden los detentadores del poder de todos los colores desde el dictador de Corea del Norte hasta el ex vicepresidente norteamericano.
El terrorismo desde el Estado funciona, y pretendiendo ser un mecanismo de defensa contra la oposición y en defensa de la democracia, ordenada como los gobernantes la quieren, resulta ser un poderoso medio para impedir que los ciudadanos opinen diferente. Ya tenemos la experiencia en nuestro país: unas elecciones en las que la amenaza terrorista marcó las decisiones de los electores, nos impuso un gobierno espúreo, que no tuvo inconveniente en comprar las conciencias de los congresistas para perpetuarse y que ahora busca colocar todo el Estado a sus pies, lo que significa una mayor capacidad para combatir a todo contradictor, por medios legales, pero si no es así también con la capacidad violenta del Estado y de sus grupos paramilitares.
El paramilitarismo parecía un accidente que en sociedades convulsionadas surgía de la misma violencia del conflicto, pero cada vez se está mostrando más como una estrategia generalizada, que puede servir a cualquier jefe de gobierno. Junto a la libertad de acción para esos grupos debe existir un silenciamiento de los medios y un bloqueo a las posibilidades de divulgación de las acciones masivas de la población. Esta lección está siendo asimilada por muchos gobernantes engolosinados con el poder y requiere de los sectores populares y de las organizaciones de base una estrategia clara de comunicaciones. Debemos entender que la defensa de la prensa libre y de la libertad de información es un instrumento para la defensa de la verdadera democracia, con participación y con decisiones populares. La utilización de los medios modernos de comunicación incluidos internet y sus derivados facebook, twitter, you tube, etc., son fundamentales para la defensa de la democracia y la libertad. Sin embargo es necesario transformarlos de medios de alienación y superficialidad en potentes medios de defensa de la justicia, defensa de la igualdad, divulgación de luchas populares y educación popular para la transformación. En nuestras manos está enfrentar al terror y desarmar las amenazas, para que con nuestra gente podamos ser libres.

No hay mal que por bien no venga

La semana pasada el honorable Congreso de la República decidió rechazar el proyecto de ley de víctimas, que había sido banalizado, alterado, manipulado y reducido en su impacto, por la gestión de los opositores a la iniciativa. Después de un llamado de la Casa Nariño, en solo cuatro horas se archivo el proyecto con los votos de las mayorías que respaldan al presidente.
Es una lástima que las víctimas de la guerra que ha vivido el país no cuenten con una norma que alivie, aunque sea de manera parcial, el sufrimiento a que han sido sometidas familias de campesinos, comunidades enteras amenazadas por el terror y líderes comunitarios que luchaban por justicia, derechos humanos y condiciones de trabajo dignas. Pero a la vez una ley incompleta, discriminatoria y sin dientes, sería también un engaño para quienes han cargado con la pena de perder sus seres queridos, sus propiedades, sus trabajos, sus raíces culturales y su calidad de vida.
Además una ley que el gobierno no está interesado en ejecutar a conciencia y con responsabilidad, tampoco podrá satisfacer las enormes demandas que hacen las víctimas. La sola expropiación de vidas y bienes por los actores armados, incluido el Estado, no pueden dejarse como efectos colaterales. Las tierras arrebatadas a tenedores o propietarios, representan cantidades de dinero incalculable, pero la justicia de los hombres debe estar dispuesta a castigar a los perpetradores recuperando los derechos para sus legítimos dueños. Las vidas no solo no se podrán recuperar, sino que el valor de esos seres humanos que murieron con dignidad por defender sus principios será un patrimonio, que les quedará con orgullo a sus familiares y amigos, pero que el país perdió como capital social igualmente invaluable. Aún aquellas víctimas que lo fueron, sin estar involucradas en acciones de defensa de los derechos básicos, y que cayeron en el fuego cruzado o sacrificados como supuestos guerrilleros o traficantes, deben ser compensadas, pues era deber del Estado proteger “su vida, honra y bienes”, y desgraciadamente fueron las autoridades las que los utilizaron como carne de cañón para presentar “éxitos” en la lucha antisubversiva. Cuantas veces la policía y el ejército omitieron intervenir en acciones de paramilitares, con lo que se hicieron cómplices de esas acciones, y ahora se pretende que el Estado no quiere ni puede compensar a esas gentes.
Mientras se les entregan generosos subsidios a quienes se desmovilizan y se gasta dinero a manos llenas en reuniones internacionales y eventos propagandísticos, para quienes huyen del terror no hay ayudas, porque supuestamente no hay el dinero para compensarlos. Se invita a príncipes y princesas a hablar de las víctimas del terror y se traen ejemplos de sufrimiento de personas que perdieron familiares en las Torres Gemelas de Nueva York o en Mozambique y otros lugares del África, pero hay muy poco espacio para nuestros propios atormentados desterrados. Las víctimas colombianas no son iguales a los americanos sacrificados en el ataque aéreo. Nuestros conciudadanos vivieron no minutos de terror, sino años de miedo, amenazas y abusos, frente a los cuales las autoridades mostraron total indiferencia.
A las víctimas en Colombia se les han ofrecido compensaciones, ayudas temporales y se las ha ilusionado con la idea que tendrán verdad, justicia y reparación, sin embargo como lo señalara el senador Juan Fernando Cristo a los congresistas les preocupa más darle una salida a los victimarios, que brindarle una oportunidad de reconstruir sus vidas a las víctimas. Mientras unos son protegidos por leyes complacientes, los otros deben ocultarse en barriadas temerosos de que sean encontrados y corran la misma suerte que sus parientes.
Las víctimas deben tener un reconocimiento social enorme y no solo legilativo, porque recuperar su capacidad de trabajo, su iniciativa, sus condiciones de vida no solo es un derecho que ellos tienen, sino que sería la única forma de reconstruir una red social que genere de nuevo trabajo, satisfacción e ilusiones en las comunidades que fueron víctimas del terror. Las opciones de vida de las víctimas son las opciones para que el país renazca con la fuerza de todos a quienes les arrebataron ilusiones, propiedades y una vida decente. La recuperación de la dignidad de las víctimas nos llevara a recuperar la dignidad como país. Ahora más que nunca hay que volver a gritar con Gaitán: “Por la restauración moral de la República: Adelante”

No hay mal que por bien no venga

La semana pasada el honorable Congreso de la República decidió rechazar el proyecto de ley de víctimas, que había sido banalizado, alterado, manipulado y reducido en su impacto, por la gestión de los opositores a la iniciativa. Después de un llamado de la Casa Nariño, en solo cuatro horas se archivo el proyecto con los votos de las mayorías que respaldan al presidente.
Es una lástima que las víctimas de la guerra que ha vivido el país no cuenten con una norma que alivie, aunque sea de manera parcial, el sufrimiento a que han sido sometidas familias de campesinos, comunidades enteras amenazadas por el terror y líderes comunitarios que luchaban por justicia, derechos humanos y condiciones de trabajo dignas. Pero a la vez una ley incompleta, discriminatoria y sin dientes, sería también un engaño para quienes han cargado con la pena de perder sus seres queridos, sus propiedades, sus trabajos, sus raíces culturales y su calidad de vida.
A la vez una ley que el gobierno no está interesado en ejecutar a conciencia y con responsabilidad, tampoco podrá satisfacer las enormes demandas que hacen las víctimas. La sola expropiación de vidas y bienes por los actores armados, incluido el Estado, no pueden dejarse como efectos colaterales. Las tierras arrebatadas a tenedores o propietarios, representan cantidades de dinero incalculable, pero la justicia de los hombres debe estar dispuesta a castigar a los perpetradores recuperando los derechos para sus legítimos dueños. Las vidas no solo no se podrán recuperar, sino que el valor de esos seres humanos que murieron con dignidad por defender sus principios será un patrimonio, que les quedará con orgullo a sus familiares y amigos, pero que el país perdió como capital social igualmente invaluable. Aún aquellas víctimas que lo fueron, sin estar involucradas en acciones de defensa de los derechos básicos, y que cayeron en el fuego cruzado o sacrificados como supuestos guerrilleros o traficantes, deben ser compensadas, pues era deber del Estado proteger “su vida, honra y bienes”, y desgraciadamente fueron las autoridades las que los utilizaron como carne de cañón para presentar “éxitos” en la lucha antisubversiva. Cuantas veces la policía y el ejército omitieron intervenir en acciones de paramilitares, con lo que se hicieron cómplices de esas acciones y ahora se pretende que el Estado no quiere ni puede compensar a esas gentes.
Mientras se les entregan generosos subsidios a quienes se desmovilizan y se gasta dinero a manos llenas en reuniones internacionales y eventos propagandísticos, para quienes huyen del terror no hay ayudas, porque supuestamente no hay el dinero para compensarlos. Se invita a príncipes y princesas a hablar de las víctimas del terror y se traen ejemplos de sufrimiento de personas que perdieron familiares en las Torres Gemelas de Nueva York o en Mozambique y otros lugares del África pero hay muy poco espacio para nuestros propios atormentados desterrados. Las víctimas colombianas no son iguales a los americanos sacrificados en el ataque aéreo. Nuestros conciudadanos vivieron no minutos de terror, sino años de miedo, amenazas y abusos, frente a los cuales las autoridades mostraron total indiferencia.
A las víctimas en Colombia se les han ofrecido compensaciones, ayudas temporales y se las ha ilusionado con la idea que tendrán verdad, justicia y reparación, sin embargo como lo señalara el senador Juan Fernando Cristo a los congresistas les preocupa más darle una salida a los victimarios, que darles una oportunidad de reconstruir sus vidas a las víctimas. Mientras unos son protegidos por leyes complacientes, los otros deben ocultarse en barriadas temerosos de que sean encontrados y corran la misma suerte que sus parientes.
Las víctimas deben tener un reconocimiento social enorme y no solo legilativo, porque recuperar su capacidad de trabajo, su iniciativa, sus condiciones de vida no solo es un derecho que ellos tienen, sino que sería la única forma de reconstruir una red social que genere de nuevo trabajo, satisfacción e ilusiones en las comunidades que fueron víctimas del terror. Las opciones de vida de las víctimas son las opciones para que el país renazca con la fuerza de todos a quienes les arrebataron ilusiones, propiedades y una vida decente. La recuperación de la dignidad de las víctimas nos llevara a recuperar la dignidad como país. Ahora más que nunca hay que volver a gritar con Gaitán: “Por la restauración moral de la República: Adelante”

¿Vamos a seguirles el juego?

La reciente ofensiva contra académicos, estudiantes e intelectuales se ha convertido en la más evidente muestra de intolerancia y persecución contra la oposición, que se haya registrado desde que asumió el presidente Uribe en el año 2002, y encuentra su paralelo, solo, en la ofensiva de Carlos Castaño durante los años 1997 a 1999, ocasión en la que cayeron figuras de la talla de Mario Calderón, Elsa Alvarado, Eduardo Umaña, Jesús Antonio Bejarano y Jaime Garzón.
La oposición se halla en este momento bajo presiones fuertes y ante importantes dilemas: mientras los esfuerzos por perseguir, bajo cualquier pretexto, a los contradictores del régimen se intensifican y se trata de atemorizar a las bases que han respaldado los movimientos disidentes, parece tener éxito la estrategia de dividir a los movimientos contrarios a la reelección y la continuidad de una política anti-popular , corrupta y conciliadora con los elementos que han atentado contra la estabilidad del Estado y la armonía social.
Las pruebas de la existencia de una alianza entre autoridades, políticos y paramilitares ya nadie las discute, hasta el punto que hoy, lo que buscan los partidos de gobierno, es neutralizar la continuidad de las investigaciones y reducir el impacto de los fallos contra quienes rodearon al presidente durante una campaña a todas luces marcada por el dinero y las balas. La compra de votos en el congreso para la aprobación de la primera reelección de Uribe no puede, a estas alturas, ser negada (independiente de quién lo haya llevado a cabo), y la segunda ha venido marcada por acusaciones de utilización de dineros de dudosa procedencia y manipulación del contenido de la propuesta de referendo.
Si había dudas acerca de los beneficios que recibían de manera generosa los amigos del gobierno con nombramientos, contratos e información privilegiada, con el “veloz enriquecimiento” de los hijos del primer mandatario quedó al descubierto cómo es que se pretende mejorar la “confianza inversionista” y “fomentar el empresariado”. Los favores, que no necesitan ser ilícitos para ser motivo de preocupación, se construyen desde unas especiales relaciones con las multinacionales y el gran capital (Bavaria) hasta una conveniente sociedad con funcionarios locales, que a su vez se ve retribuida con facilidades para poder gestionar ante las entidades nacionales licencias, autorizaciones y un marco normativo apropiado para el negocio en proceso.
Las chuzadas telefónicas no son algo nuevo en Colombia, y la oposición sí que lo sabe, pues ha sido su víctima durante muchos años, sin embargo la confirmación de que esa estrategia ha sido orquestada desde la casa presidencial, con la colaboración del Ministerio de Hacienda y del más importante organismo de seguridad del Estado (DAS), contra autoridades judiciales, periodistas, políticos y otros opositores, demuestra a las claras que los métodos que se pretende utilizar, en esta guerra arrasadora. son múltiples y que no existe reato moral para utilizarlos.
Las entidades que debían servir de contrapeso al ejecutivo han dejado de ser independientes y hoy están llenas de funcionarios nombrados por el presidente o su bancada en el Congreso, que le hacen el juego a las intenciones de acallar la oposición e impedir cualquier conato de resistencia. Organismos que los constituyentes imaginaron independientes y multipartidistas hoy, no solo no se atreven a contradecir al ejecutivo, sino que en este momento son consecuentemente uribistas. ¿Qué clase de contrapeso pueden ejercer? ¿A dónde podrán ir los colombianos maltratados por este gobierno a quejarse? ¿Puede haber una justicia y un legislativo que representen la multifacética estructura cultural, económica y social colombiana en estas condiciones?
¿No son estas, así no sea una recopilación exhaustiva, razones suficientes para que las bases populares y los movimientos, que no están de acuerdo con estos comportamientos en las más altas instancias del gobierno, se empeñen desde ya en una campaña aglutinadora de las fuerzas dispersas y en una necesaria unión en torno a principios generales del manejo del Estado, que se opongan al ejemplo que ha dado Álvaro Uribe y sus cómplices? Primero pongámonos de acuerdo en lo fundamental y luego veremos quién es el candidato: no empecemos por el final.